3 Diciembre de 2024 - 19:20
3 Diciembre de 2024 / Ciudadano News / Sociedad
El Senado de Mendoza aprobó por unanimidad un proyecto de ley que introduce modificaciones sustanciales a la Ley General de Aguas y a otras normativas vinculadas con la gestión de los recursos hídricos en la provincia. La iniciativa, impulsada por ex y actuales legisladores como Marcelo Rubio, Fernando Alin, Rolando Baldasso, Ernesto Mancinelli y Martín Kerchner Tomba, recibió el visto bueno de ambas Cámaras legislativas y ha sido enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El proyecto, que fue revisado y aprobado por las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y Hacienda y Presupuesto, incorpora ajustes fundamentales para optimizar la administración y control de los recursos hídricos, una cuestión crítica en Mendoza debido a su escasez estructural.
Una de las principales innovaciones es la centralización del cobro de multas por infracciones hídricas en la Unidad Fiscal del Agua, un organismo creado por la Ley Provincial 9589. Este cambio permitirá no solo una fiscalización más eficiente, sino también una mayor transparencia en la administración de los fondos recaudados.
Entre las modificaciones más destacadas, se encuentran las sanciones reforzadas para quienes utilicen el agua de forma ilegal o sin autorización. Las multas, ahora expresadas en Unidades Fiscales de Aguas (UFA), varían entre 100 y 10.000 UFAs, dependiendo de la gravedad de la infracción. Estas incluyen desde el uso indebido del agua hasta la obstrucción de canales de riego o el desvío de cursos de agua sin permiso.
El proyecto también pone énfasis en el control del uso de los canales y desagües, con sanciones específicas para aquellos que realicen construcciones ilegales que afecten la circulación del agua. Además, refuerza las disposiciones sobre servidumbres legales, clave para garantizar el acceso y uso equitativo de los recursos hídricos en beneficio de toda la comunidad.
Para el sector agrícola, particularmente afectado por la escasez hídrica, se introducen medidas innovadoras que fomentan acuerdos entre usuarios para establecer turnos en el uso del agua en las hijuelas regadoras. Esto busca una distribución más eficiente y ordenada del recurso, esencial para sostener la producción en un contexto de creciente demanda y limitaciones naturales.
Otro aspecto importante de la ley es la incorporación de nuevas obligaciones administrativas. Ahora, además de sancionar el uso indebido del agua, se penalizará a quienes incumplan los procedimientos establecidos para su gestión. Asimismo, se realizaron ajustes en la Ley 971, que regula la construcción sobre canales de desagüe, y se endurecieron las penas por cultivos clandestinos, especialmente en casos de reincidencia.
