Mendoza se ha caracterizado por su excelencia institucional ante los ojos de la Nación. Cada instrumento jurídico fortaleció ese merecido halago de todo el país, sobre todo con aquellas leyes que defienden y fortalecen el derecho de los ciudadanos en cualquier ámbito.
El proyecto de ley para residencias médicas, elaborado por la diputada provincial Hebe Casado (PRO), es una nueva herramienta que tiene como objetivo terminar con todo tipo de inequidades que, hoy por hoy, perjudican a cientos de jóvenes –mujeres y hombres– recibidos en las facultades de Medicina que comienzan sus residencias para certificar las especialidades elegidas. Residencias que se llevan a cabo en efectores públicos y privados, donde –según se denuncia constantemente– se producirían graves irregularidades, desde las condiciones de trabajo y pago salarial, hasta intencionales aspectos que perjudican las especialidades elegidas.
Pasa por el desconocimiento total de la comunidad que el médico residente recibe todo tipo de manoseo, discriminación y abuso en las instituciones en las que se desempeña. Un aspecto que se agravó en los últimos tiempos cuando los residentes comenzaron a mostrar una oculta anormalidad con tanto tiempo en vigencia, que erróneamente se la tomaba como “normal”. Es ahí cuando recrudecieron las acciones negativas a los residentes, con el agravante que conllevan amenazas, traslados, cambios de funciones y hasta bloquearle rendir uno de los cuatro exámenes de la especialidad elegida.
El enojo por dar a conocer a la comunidad los inaceptables atropellos, no se hizo esperar por parte de autoridades de clínicas y hospitales, tanto públicos como privados.
Con todo lo expuesto, es lógico medir la trascendencia del proyecto de la nueva ley de residentes, que ha recibido el absoluto respaldo y acompañamiento de las Comisiones de Salud y de Derechos y Garantías, como también de los diputados Mailé Rodríguez (FIT), Paola Calle y Carlos Sosa (FdT) y Jorge Difonso (FR).
La nueva ley conjuga los mejores artículos y el espíritu de las normas anteriores sobre residencias que puso a Mendoza en la vanguardia jurídica de Argentina. La primera en 2008, impulsada por las médicas Isabel del Pópolo y Marta Fracapani, y la segunda, años más tarde por el médico Eduardo Giner. La iniciativa legislativa de Hebe Casado es, quizá, la más completa, porque además cuenta con el invalorable aporte de los médicos residentes.
La pandemia reveló lo que sucede con los residentes
En diálogo con El Ciudadano, la diputada Casado resaltó aspectos vitales de la ley. “Creo que la pandemia dejó claro la importancia de contar con residentes, la formación que tienen que recibir y cómo la tienen que recibir”, consideró.
—Pero hay otros aspectos...
—Sí claro. Diferencias entre los efectores privados y públicos. Discriminaciones de todo tipo, sobre todo en sueldo, carga horaria y falta de acompañamiento de los instructores, esto último cuando se dio responsabilidades en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) y otro tipo de acciones médicas que necesitaban sí o sí el acompañamiento de terapistas y m
—¿Y las condiciones salariales?
—Ese es un tema gravísimo. Por lo general, en las residencias privadas a estos flamantes profesionales los utilizan como mano de obra barata, porque los residentes tienen un sueldo menor que el que cobran en las públicas y menos acompañamiento formativo. Por eso, me parece que esta ley va a poner fin a lo que ocurre desde hace veinte años, con una inaceptable sobrecarga horaria, salir de una guardia y entrar a otra, pasando 48 horas sin dormir.
“La pandemia puso en el tapete lo que sucede con los residentes y la sacó a la luz lo que se pretendió que fuera normal. Esto hizo que se empezara a valorar el trabajo médico que hasta ahora no lo había hecho la población y los mismos profesionales de la salud”, concluyó la legisladora
“Los residentes sufren acoso institucional”
El Ciudadano también tomó contacto con los nuevos profesionales de la salud que aportaron aspectos importantes al proyecto de ley de Casado, y que son los destinatarios finales una vez aprobada.
Uno de ellos es Uriel Baglione, que está realizando la residencia en salud mental en el Hospital El Carmen, quien, al hablar del proyecto de ley, resaltó que “es una respuesta histórica a las necesidades de los residentes que vienen vulnerados en sus derechos de manera sistemática”.
—¿Solucionará los problemas que los afectan?
—Es una propuesta integral para todas estas demandas y necesidades que actualmente tenemos como trabajadores de la salud que somos. Una cuestión que en realidad hoy no se nos reconoce como tal y de allí la importancia de esta ley.
—Esta ley viene a poner blanco sobre oscuro...
—Sí, como trabajadores de la salud, porque para el sistema solo somos becarios. Eso hace que no se nos provea de todos nuestros derechos y salarios. Tenemos colegas que tienen jornadas laborales de 96 horas y cobran desde $15.000 hasta $30.000. Ni hablar de la carga horaria y las condiciones de trabajo.
—Además, tengo entendido que hay graves aspecto de discriminación y persecución.
—Sí, además de la práctica violenta, enraizada sobre los residentes desde las estructuras jerárquicas, está el acoso institucional. Todo un tema que duele al médico residente que es un eslabón esencial de la atención sanitaria.
“Fíjese que los profesionales que hoy estamos frente a usted estamos siendo sometidos a estas prácticas que denunciamos. Como la colega Mercedes Barroso, quien cumple residencia en clínica médica en el Hospital El Carmen y quieren desvincularla por denunciar públicamente lo que pasa y qué hace con los residentes de toda la provincia. Yo y otros colegas de otros hospitales hemos recibido apercibimientos por mantener contacto con periodistas, como lo estoy haciendo con usted. Parece que mostrar lo que está sucediendo con los resientes está molestando a alguien y es lo que hemos denunciado ante la Comisión de Derechos y Garantías, de la que esperamos una pronta resolución”.