11 Diciembre de 2025 - 14:43
11 Diciembre de 2025 / Ciudadano News / Sociedad
Mendoza se convirtió en la primera provincia del país en activar un mecanismo judicial para garantizar el cumplimiento del calendario obligatorio de vacunación infantil, en medio de un contexto nacional marcado por el rebrote de sarampión y el aumento de muertes por tos convulsa. El Ministerio de Salud presentó diez denuncias judiciales contra padres que se negaron a vacunar a sus hijos, una medida inédita que busca proteger la salud pública y frenar la caída en las coberturas de inmunización.
La decisión fue impulsada por el ministro de Salud, Rodolfo Montero, y ejecutada por el Programa de Inmunizaciones a cargo de Iris Aguilar, quien confirmó que se trata de las primeras denuncias formales del país para exigir el cumplimiento del esquema nacional de vacunación.
"El objetivo es claro: que los niños se vacunen. No buscamos castigar, sino proteger", explicó Aguilar en declaraciones con la prensa mendocina.
La provincia toma esta decisión en un escenario donde Argentina enfrenta un incremento de casos de sarampión, una enfermedad que había sido declarada eliminada en 2016, y un preocupante aumento de muertes por tos convulsa, especialmente en bebés menores de seis meses.
En Entre Ríos, ya se registraron siete muertes infantiles por tos convulsa en lo que va del año, lo que elevó el nivel de alarma en todo el sistema sanitario.
El procedimiento se inicia con un seguimiento exhaustivo del Registro Nacional de Vacunación. Los equipos sanitarios identifican a los niños con esquemas incompletos y, tras agotar todos los intentos de contacto con las familias, elevan los casos a la Justicia Civil cuando existe una negativa persistente.
En la audiencia, profesionales de la salud exponen ante los jueces los riesgos individuales y colectivos que implica no recibir las vacunas obligatorias.
Las mayores faltas se concentran en las inmunizaciones que deben aplicarse al año de vida y a los 15 meses, especialmente la triple viral y la quíntuple, claves para prevenir sarampión, rubéola, paperas, difteria y tos convulsa.
La decisión de avanzar hacia la vía judicial coloca a Mendoza como provincia pionera en políticas de salud pública orientadas a mejorar las coberturas de vacunación, en un contexto donde otras jurisdicciones evalúan medidas similares ante el avance de enfermedades que habían sido controladas.
La provincia remarcó que la prioridad no es sancionar, sino garantizar el derecho a la salud de los niños y proteger a la comunidad frente a enfermedades altamente contagiosas.
