Datos claros
Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, comentó a Círculo Político: "Hay una mejora real igualmente en el indicador, el arrastre estadístico si es verdadero y hay una particularidad de que en la actualidad estamos, hay varios efectos pero el más evidente es que estamos con una canasta que no refleja la estructura de consumo que actualmente tenemos los argentinos.
Los datos recientes indican una mejora real en el indicador de pobreza por ingresos, que pasó del 45% en el tercer trimestre del año pasado al 36% de este año. No obstante, esta fuerte baja significativa se compara con momentos considerados "muy álgidos," como el período de diciembre de 2003 y enero de 2004, cuando una devaluación del 120% resultó en aumentos de inflación del 25% y 20% respectivamente, reduciendo la capacidad de compra en un 66% en solo dos meses.
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Desfasaje
Un problema clave en la medición actual es que la canasta básica de consumo no refleja la estructura de gastos que tienen actualmente los argentinos. Esta canasta está basada en la estructura de consumo de 2004 y 2005, una época en la que los costos de servicios fijos como electricidad, gas, agua, colegios privados, prepagas y remedios estaban controlados y representaban un porcentaje menor de los ingresos. En la actualidad, el porcentaje dedicado a estos gastos fijos ha cambiado mucho, lo que desequilibra la canasta e incide en la percepción de la población. Por ello, muchas familias sienten que "no les alcanza" al terminar de pagar lo que deben, quedándoles menos dinero.
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Más allá de las cifras coyunturales, la situación es grave: tres de cada diez argentinos continúan en situación de pobreza. La pobreza estructural no ha logrado descender del 25% en más de 20 años, manteniéndose desde 2001 en adelante.
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La verdadera pobreza
Al adoptar una visión multidimensional, que considera la calidad de la vivienda, los servicios básicos (agua, desagüe cloacal), el nivel educativo, la seguridad social y el empleo registrado, se observa que cerca del 35% de la población tiene sus derechos vulnerados. A esto se suma el estrés económico, donde el 46% de la población declara que sus ingresos no son suficientes para mantener el nivel de vida que esperaban.
El panorama socioeconómico también se ve reflejado en el debilitamiento de la clase media, un sector históricamente extendido y distintivo en Argentina respecto al resto de América Latina. Hoy, el 52% de los argentinos se encuentra instalado oficialmente en la clase baja, con ingresos mensuales que no superan los 2 millones de pesos. La movilidad social ascendente, un concepto que enorgullecía a los argentinos, está comprometida, pues un 42% de la población percibe que su situación actual es peor que la de sus padres. A pesar de esto, persiste una expectativa positiva: el 80% de la población aún tiene esperanzas de que sus hijos estarán mejor que ellos.
Expertos señalan que este núcleo de pobreza persistente no se resolverá solo con aumentos de ingresos o por la acción del mercado. La solución requiere políticas de Estado consensuadas con los agentes de producción y trabajo, enfocadas en mejorar la estructura productiva y el mercado laboral, que son los principales problemas que no mejoran en Argentina. Se necesita diseñar un Estado que, como en los países centrales, transmita tranquilidad y seguridad a los inversores.