17 Junio de 2025 - 17:38
17 Junio de 2025 / Ciudadano News / Sociedad
En el marco del reordenamiento del sistema previsional argentino, el Gobierno nacional decidió enviar cartas documento para dar inicio al proceso de auditorías sobre las Pensiones No Contributivas por discapacidad en todo el país. Varias son las provincias que se vieron afectadas, y aunque la iniciativa tiende a reordenar el sistema, muchas voces se alzaron para señalar las deficiencias de la medida. Entre esas voces, la de Juan Carlos González, Defensor de las Personas con Discapacidad.
El funcionario fue entrevistado por el periodista Daniel Gallardo para El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14, por Ciudadano News Streaming y Ciudadano News 91.7). "La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ya emitió 700 mil cartas documento para todo el país, de las cuales han llegado a destino unas 300 mil. Es un operativo muy complejo, sobre el que la ANDIS no ha brindado mucha información. La medida ya se impuso en Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, CABA y Mar del Plata, y ya se están viendo las consecuencias en materia de suspensiones y bajas de dichas pensiones", denunció.
"Desde esta defensoría, fuimos el primer organismo del país, y hasta acá el único, que ha puesto en la Justicia estos pedidos de inconstitucionalidad. Aquí en Mendoza comenzaron en 2025, pero el impacto no ha llegado a nosotros, pero podemos ver lo que ya ocurre en otros distritos: hay bajas que tienen que ver con cuestiones que nosotros consideramos anticonstitucionales. Como ejemplo, el hecho de no llegar al 66% de la discapacidad laborativa, como si las personas con discapacidad no pudiéramos acceder a trabajos, solamente por una condición grave de salud", denuncia.
"Existe una gran cantidad de prejuicios o actos discriminadores por parte de los empleadores, de la educación, y hasta de la salud, en contra de las personas con discapacidad. Hay muchos motivos que tienen que ver con lo social, casos en los que se les da de baja a dichas pensiones por la obligatoriedad de familiares de aportar alimentos. O sea: si no te puede mantener tu cónyuge o tus familiares, entonces la pensión no va. Es un atentado a la dignidad y a la autonomía", expresa Juan Carlos González.
"Todo lo que digo está claramente establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene, jerarquía constitucional en la Argentina. Es realmente la violación de una norma de carácter constitucional", enumera el referente.
Ante tal situación, desde el sector de las personas con discapacidad se elaboró un proyecto de ley en Emergencia en Discapacidades, que ya tiene media sanción en Diputados, y que ahora debe tratar el Senado. "Nosotros apoyamos la sanción de esta ley, y creemos que vale la pena, aunque ya se corrió el rumor de que se viene el veto. Los derechos no deberían vetarse, y estamos dispuestos a ir a todas las instancias internacionales, porque entendemos que esta ley trae soluciones claras, sobre todo en materia presupuestaria", afirma.
"Hoy vemos instituciones que cierran, padecemos terapias que se discontinúan, pensiones que se demoran, y esta ley no solo reasigna partidas y permite mayor inversión y gasto en discapacidad, sino que impone un nuevo régimen para quienes estén más ajustados a esta convención y a la persona con discapacidad, que es muy distinto a estos anacronismos que mencioné -sostiene González-.
El Senado, para el referente del sector, "debe estar a la altura de las circunstancias. Cuando el Ejecutivo activa variables a costa de los jubilados y las personas con discapacidad, el Poder Legislativo será el que tenga que alcanzar un equilibrio para ponerle un freno al Ejecutivo.
Para Juan Carlos González, la iniciativa del Gobierno repercute en varias aristas. "Falta de educación, terapias que no se pueden continuar, instituciones que van cerrando, o transportes que ya no ofrecen sus servicios. Personalmente, siento bronca y tristeza, porque no dejo de observar el pensamiento que está detrás de estas acciones del Ejecutivo. Ese pensamiento lo sostiene el director de la ANDIS, que firmó una resolución en la que nos trataba de idiotas e imbéciles", denuncia.
Pero dadas las condiciones, es necesario actuar de la mejor manera posible. Y para ello, el Defensor aconseja que "todos aquellos que sean citados o re-citados, deben presentarse. No tenemos nada que ocultar. Hay que llevar toda la documentación que tengan. Lo importante es presentarse. En Mendoza, el gobierno garantiza la estructura de los centros de salud y el certificado de asistencia. Y si la persona no puede asistir, hay que escribir al correo electrónico que figura en la carta documento para dar los motivos de la ausencia".
Producción periodística: Daniel Gallardo.
