En Argentina, realizar una denuncia falsa no es un trámite menor, sino un delito doloso. Según el artículo 245 del Código Penal, quien denuncie un hecho inexistente ante la autoridad enfrenta penas de dos meses a un año de prisión o multas económicas.
Esta conducta se considera grave porque moviliza innecesariamente el aparato judicial y administrativo del Estado, generando gastos públicos evitables. La sanción puede agravarse dependiendo de la magnitud del delito simulado, como casos de fraude a seguros o acusaciones que dañan el honor de terceros, configurando delitos adicionales como calumnias.