Un nuevo fallo judicial expuso con crudeza las consecuencias del bullying en Mendoza y el rol deficiente del sistema educativo provincial ante estos hechos. El episodio, que se extendió durante casi un año, terminó con la menor internada en el área de Salud Mental del Hospital Notti. La Justicia responsabilizó a la Dirección General de Escuelas (DGE) y ordenó una millonaria indemnización.
Violencia sostenida y omisión institucional
Según consta en la demanda, los hechos comenzaron en abril de 2021 cuando la niña cursaba quinto grado. "Sin razón alguna, empezó a hostigarla mediante reiterados golpes, empujones, zancadillas, insultos, agravios, descalificaciones, o destratos que fueron mellando su autoestima", explicaron los padres en el expediente judicial.
Los reclamos de la familia a las autoridades escolares no fueron suficientes. Aunque se labraron actas y se planteó la separación de los recreos entre la víctima y el agresor, las medidas resultaron ineficaces. Incluso, en septiembre de ese año, el conflicto escaló a una disputa entre familias. La hermana del agresor y otros miembros comenzaron a amenazar e insultar a la niña y sus hermanos.
"Ni siquiera se activaron los protocolos ante situaciones de acoso escolar", detalló el fallo. La jueza Jorguina Iermoli Blanco, del Tribunal de Gestión Asociada Segundo, remarcó: "No advierto que se haya siquiera mencionado la existencia de un protocolo de actuación ante sospecha de bullying, ni tampoco la necesidad de apoyo psicológico".
Un cuadro de salud mental alarmante
A raíz del constante acoso y de la inacción institucional, la niña comenzó a manifestar graves síntomas emocionales. "Mostraba tristeza, llantos frecuentes y un marcado retraimiento. Se negaba a ir a la escuela", indicaron sus padres.
Un episodio crítico ocurrió cuando, al ver a su agresor en una plaza, sufrió una crisis de angustia. Luego de otro incidente violento a la salida del colegio, en el que la hermana del agresor amenazó con golpearla mientras su padre la arengaba, debió ser internada por cuatro días en el área de salud mental del Hospital Humberto Notti.
Los psicólogos del hospital solicitaron a la directora del establecimiento que se cambiara de turno a la víctima, pedido que ya había sido realizado previamente en enero de ese año por otro profesional, sin éxito.
Fallo ejemplar y perspectiva de género
El fallo concluye que la DGE deberá indemnizar a la joven con una suma de $3.717.781, que actualizada asciende a unos $4.500.000. "La prevención y detección del bullying es una clara responsabilidad de la autoridad escolar", enfatiza la sentencia.
La jueza también remarcó que el caso debía analizarse con perspectiva de género, ya que la agresión fue ejercida por un varón contra una mujer, lo que agrava la situación de violencia.
"Los establecimientos educativos tienen el deber no sólo de brindar educación, sino también de garantizar la integridad física y moral de sus alumnos", remarcó Iermoli Blanco, apoyándose en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución de Mendoza y la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.
Reacción de la DGE
Desde la Dirección General de Escuelas negaron que la niña haya sido víctima de acoso psicológico. Aseguraron que "se tomaron las medidas preventivas del caso" y que "no existe un daño cierto y real que sea indemnizable". Sin embargo, la Justicia provincial consideró lo contrario: que hubo omisión, negligencia y falta de herramientas adecuadas para intervenir.


