En una entrevista realizada en el programa El Interactivo, por Ciudadano News, la abogada especialista en salud Cintia Correa detalló las consecuencias de la pérdida de empleo sobre la cobertura médica familiar. Esta situación, que puede derivar de una renuncia voluntaria o un despido, genera gran incertidumbre, especialmente cuando hay hijos de por medio o se trata de una expareja que detenta la titularidad del beneficio.
La abogada hizo hincapié en que, independientemente de la situación laboral, la salud de los menores debe ser la prioridad absoluta, teniendo en cuenta que es un derecho que debe ser defendido ante cualquier burocracia.
El plazo de tres meses y la importancia de la rapidez
Ante la pérdida del trabajo formal, la legislación argentina brinda un resguardo temporal que muchos desconocen. Correa explicó que, ante el cese laboral, el afiliado no queda desamparado de forma inmediata: "Por ley tenés 3 meses que le van a cubrir". Este periodo funciona como una ventana de tiempo crítica para que los padres tomen decisiones sobre la continuidad del servicio sin que se interrumpan las prestaciones.
Sin embargo, la abogada fue tajante respecto a la proactividad necesaria: "Lo primero que tienen que hacer es ir rápidamente a la obra social para informar la situación y exigir que se garantice ese periodo de cobertura", expresó. Esta urgencia se acentúa en casos de patologías crónicas o tratamientos que requieren periodicidad, como rehabilitaciones o medicación específica.
Continuidad del servicio y acciones legales
Una de las recomendaciones más firmes de Correa fue evitar el cambio de prestador si ya existe una patología activa. Cambiar de obra social o prepaga puede activar "periodos de carencia" que funcionan como obstáculos para tratamientos urgentes. Al respecto, la especialista sugirió: "Si pueden seguir con la misma obra social que tienen, es mucho mejor". Correa ilustró este punto con un caso real donde un niño con una afección cardíaca casi pierde su cirugía por un cambio de prestador, lo que derivó en una compleja batalla judicial.
Aunque existen vías como el juicio de alimentos para que el progenitor se haga cargo de los costos, estos procesos suelen ser lentos. Por ello, el recurso de amparo surge como la herramienta más eficaz para resolver conflictos urgentes con las prestadoras y asegurar el derecho a la salud.

