Seguridad
El Gobierno oficializó la Ley 27.801, estableciendo un nuevo Régimen Penal Juvenil que marca un cambio de paradigma en la justicia argentina. La medida central es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Sin embargo, la norma trasciende el límite de edad: establece que la privación de la libertad será el último recurso y prohíbe penas perpetuas. El enfoque principal debe ser la educación y la resocialización para evitar la reincidencia. Además, garantiza que los menores nunca compartan alojamiento con adultos, priorizando centros especializados y personal capacitado para el trato adolescente.