Pequeños y medianos productores de toda la provincia esperan con sobrado optimismo la sanción definitiva de un instrumento jurídico que terminará con el casi histórico abuso de ciertos sectores industriales sobre toda la producción primaria.
La denominada Ley Mansur, en honor a su autor, el legislador mandato cumplido, Ricardo Mansur, obtuvo media sanción de la Cámara de Senadores donde se modificaron dos artículos que hacen al espíritu de ella. “Una cuestión esencial e importante para terminar de colocar en orden o equilibrio toda transacción comercial entre el campo y la industria, fundamentalmente que se terminen con atropellos y abusos”, indican los productores que impulsaron el aggiornamento de la ley.
Pocos saben que se está haciendo solapado lobby en torno al Poder Legislativo para que la Cámara de Diputados retrase el tratamiento y sanción definitiva a la media sanción que viene del senado. Algunos observadores explicaban a El Ciudadano que esta ley ha pisado las callosidades de industrias, conserveras y bodegas que durante mucho tiempo recibieron producción de primera calidad, que vendieron con gran éxito y jugosos dividendos, mientras que a los productores les pagaron cuando quisieron y lo que quisieron. Este instrumento jurídico les dice ahora en qué momento se paga y lo que se paga, de acuerdo con lo pactado entre partes. Lo contrario es fuertemente penado.
En el senado existió acuerdo inmediato para la media sanción
Diego Costarelli detalló las modificaciones a la ley: “Dimos media sanción a las modificaciones de dos artículos de la Ley 9133. El artículo 5 que se refiere a la determinación de los costos de producción, que antes realizaba el Ministerio de Economía, autoridad de aplicación de la ley. Ahora esa cartera va a llamar a una suerte de paritaria, entre todas las entidades gremiales, todos los oferentes y todos los demandantes, para que en un ámbito no gubernamental se pongan de acuerdo en cuanto a los costos de elaboración. Esto tiene el objetivo, que el pequeño productor tenga mejor información”.
Al solicitársele mayores detalles, agregó: “En cuanto al artículo 7, el mismo plasma el registro de infractores. Indicaba que todas las todas las bodegas o industrias del sector agroindustrial, que no cumplan con lo que dice el contrato o que no realizan el contrato, van a entrar al registro de infractores y tenían una penalidad de 3 años. La modificación introducida baja de 3 años a un año cuando la infracción sea por primera vez, si son reincidentes se cumplirán los 3 años de penalidad”.
Una ley con formato y visión de los hacedores
Los productores de diferentes oasis productivos, esencialmente del Valle de Uco, impulsaron, como ya se dijo, modificaciones a la ley que ideó el radical Ricardo Mansur. A propósito, El Ciudadano también dialogó con el presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco, Mario Leiva, quien al respecto de lo que está sucediendo en la Legislatura, dijo: “Nosotros hemos participado en la modificación de esta ley, dado que en principio había salido con la reglamentación que la desvirtuaba. Todos los productores insistimos en las modificaciones y el Senado nos dio la razón, otorgó media sanción y esperamos la sanción definitiva por parte de la Cámara de Diputados. Desde el campo creemos que empezará un nuevo camino en la relación comercial, con más transparencia entre el sector primario y la industria”.
Cuando se lo introdujo en el espíritu de la ley, el productor expresó: “Que se terminen los abusos depende de muchos elementos. El primero, entender que las modificaciones a esta ley, pone en orden el nuevo Código Civil y Comercial de este país antes. Fíjese que los artículos 11 y 12 establecen ponerse de acuerdo entre la parte industrial y del productor primario, es decir, establecer una relación posible y de precios determinables, porque de lo contrario es continuar favoreciendo la concentración económica del más fuerte o de aquel que tiene la mercadería, que si no la tuviese el industrial se echaría a perder”.
Finalmente, aclaró: “Esa simetría que hay en la relación entre la producción primaria y la industria ya está establecida en el código de Comercio. Lo que hace la Ley 9.133 es poner en vigencia el código de Comercio y aclara en su espíritu, de que es un acuerdo entre privados, como también lo indica el código. Aclaro esto, porque siempre hay un poder superior, que en este caso lo representa el código y que es el Estado. El mismo Estado que no puede permitir esta concentración económica que se acrecentó en los últimos años, porque fíjese que en el territorio hay muchos productores que dejan una actividad que no se arma un día, como viñas o frutales, que llevan muchos años de producción esperando la devolución de la inversión. En ese inmerecido panorama donde los productores malvendieron su producción por mucho tiempo, cansados terminan vendiendo la finca a la industria. De allí que la denominada Ley Manzur haya venido a colocar equilibrio entre todos los actores, fundamentalmente favorecer a quienes siempre fueron perjudicados, el productor primario, que debe salir a defender esta ley”.