El programa 'Mi Escritura' marcó un hito en Mendoza: más de 9.400 familias inician el proceso de escrituración de su vivienda, tras el sorteo de escribanos encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo en el Espacio Cultural Le Parc de Guaymallén.
La medida, articulada entre el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), municipios, organismos técnicos y colegios profesionales, busca saldar una deuda histórica y garantizar la seguridad jurídica de miles de hogares.
"Estamos dando inicio a un programa muy ambicioso. Vamos a intervenir 76 barrios del IPV que ya cancelaron sus cuotas y que ahora podrán tener su escritura", afirmó Cornejo.
Una solución histórica y un alivio económico
El titular del IPV, Gustavo Cantero, destacó que el programa surge de la Ley 9632, aprobada por unanimidad en la Legislatura: "Muchos mendocinos habían pagado su vivienda, pero por motivos económicos no pudieron escriturar. Hoy, con esta decisión política, acceden a ese derecho constitucional".
El Gobernador explicó que el costo de una escritura, que rondaba los $2,5 millones, se reducirá a un rango entre $400.000 y $500.000: "Buscamos premiar a quienes hacen el esfuerzo de afrontar ese monto para garantizar la herencia, créditos y seguridad jurídica de su patrimonio".
Transparencia, legalidad y justicia
El acto de sorteo convocó a más de 600 escribanos de toda la provincia. La presidenta del Colegio Notarial, Valeria Álvarez, subrayó que Mi Escritura es más que un trámite: "Es un acto de reparación, legalidad y justicia. Detrás de cada escritura hay una familia, un sueño, una esperanza".
Álvarez también resaltó que "garantizar el derecho a la propiedad es promover arraigo, dignidad y seguridad jurídica".
Seguridad jurídica para miles de hogares mendocinos
El Gobierno provincial invertirá $1.156 millones en esta primera etapa, que regularizará 76 barrios con más de 3.000 viviendas sociales. Según Cantero, ya se proyecta una segunda etapa para alcanzar a otras 10.000 familias: "Esto debe ser una política de Estado que trascienda gestiones".
En dos años, se espera que más de 15.000 hogares mendocinos cuenten con escritura propia, transformando un derecho en un beneficio concreto y duradero.

