El gobierno de Mendoza ha activado una nueva estrategia directa para enfrentar uno de los mayores problemas de seguridad, la reincidencia delictiva. A través de un decreto, se formalizó un convenio con la empresa Calzados Cuyo S.A. que llevará la capacitación laboral directamente a los presos a las cárceles.
Este acuerdo se enmarca en la Ley N° 8971 de "trabajo obligatorio de los presos", que busca replicar la realidad externa dentro de los muros, limitando el ocio y priorizando la adquisición de un oficio. Para un empresario como Federico, esto representa un paso hacia una sociedad más segura y la posibilidad de que, en el futuro, haya mano de obra capacitada con herramientas productivas reales.
El mecanismo es simple, la empresa capacitará a los internos en la fabricación de productos, dándoles habilidades concretas que podrán usar al recuperar su libertad. La Unidad de Producción Penitenciaria se encargará de coordinar la producción y comercialización de lo elaborado.
Estas acciones forman parte de la política penitenciaria impulsada por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y que viene siendo liderada por el director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana y el jefe de la Unidad de Producción, Germán Millán.