Proyecto de ley
El diputado provincial Gustavo Perret (PJ) presentó en la Legislatura de Mendoza un proyecto de ley para crear el programa 'Gestando desde la Salud y el Bienestar', que apunta a garantizar un abordaje integral de la salud durante el embarazo, y proteger los derechos de los niños por nacer, con un fuerte énfasis en la prevención y el acompañamiento frente al consumo de sustancias tóxicas.
El punto central de la iniciativa, que es acompañada por otros 24 legisladores de distintas bancadas, es la incorporación obligatoria de un dosaje de drogas en sangre a la persona gestante en el momento mismo en que se detecta el embarazo.
Actualmente, estos análisis se realizan únicamente en el nacimiento y sólo en hospitales públicos.
Mendoza y una propuesta legislativa inédita
La propuesta establece que el estudio se haga tanto en hospitales públicos como privados, sin costos adicionales, ya que la práctica estaría cubierta por el Plan Médico Obligatorio (PMO) y por las obras sociales. De esta manera, se busca ampliar el acceso y garantizar la equidad en la atención.
En caso de que el resultado sea positivo, el proyecto contempla la aplicación inmediata de un protocolo de abordaje interdisciplinario, que incluya tratamiento, rehabilitación y acompañamiento integral durante el embarazo. Además, se prevé un trabajo cercano desde los centros de atención primaria, para sostener un seguimiento continuo y personalizado.
El proyecto también subraya las graves consecuencias que puede tener la exposición prenatal a sustancias como cocaína, metanfetaminas, opiáceos u otras drogas ilegales, que van desde partos prematuros y malformaciones congénitas hasta el síndrome de abstinencia neonatal en los recién nacidos. Este cuadro puede implicar convulsiones, problemas respiratorios, bajo peso al nacer y retrasos en el desarrollo.
Reconocer el interés superior del niño
El diputado sanrafaelino enfatizó que la iniciativa busca ofrecer herramientas tempranas de prevención y acompañamiento para cuidar tanto a la persona gestante como al bebé.
"La omisión del Estado en estos controles implica desconocer el interés superior del niño, que debe ser el eje de toda política pública de salud", sostuvo el legislador refiriéndose al proyecto.
De aprobarse la norma, el Ministerio de Salud tendrá un plazo de 120 días para reglamentar la ley e implementar los equipos interdisciplinarios que lleven adelante el protocolo de seguimiento de recién nacidos hijos de madres con consumo problemático, integrando tanto al sector público como al privado en un trabajo coordinado.