2 Diciembre de 2025 - 18:57
2 Diciembre de 2025 / Ciudadano News / Sociedad
La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, junto al subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, y el director general de Policías, Marcelo Calipo, presentaron ante la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) los detalles de la reforma al procedimiento de flagrancia en el Código Procesal Penal. El objetivo central de la iniciativa es agilizar los trámites judiciales cuando una persona es detenida mientras comete un delito o inmediatamente después, durante su persecución.
La reforma busca brindar una respuesta más efectiva a delitos de menor escala pero de alto impacto social, como el robo de ruedas, celulares, cobre y medidores. La ministra sostuvo que es necesario que el sistema judicial dé a estos delitos el espacio que merecen y que los jueces tengan las garantías necesarias para imponer penas más contundentes.
Rus subrayó que el sistema de cámaras ha sido clave para la mejora del procedimiento de flagrancia, facilitando la aprehensión en tiempo real. La tecnología permite que la policía actúe rápidamente al sorprender a un sospechoso con objetos robados, confirmando su identidad a través de las imágenes captadas.
En cuanto a la infraestructura de seguridad, la provincia experimenta un crecimiento significativo: se espera que en 2025 el número de vistas de cámaras con reconocimiento de patentes alcance los 92 millones. Además, se está comenzando con el reconocimiento facial y se integra la colaboración de cámaras municipales y privadas, así como alarmas vecinales conectadas al 911.
Para que un delito sea tratado bajo el procedimiento de flagrancia, deben cumplirse condiciones específicas: el delincuente debe ser sorprendido cometiendo el acto o inmediatamente después, mientras es perseguido por la fuerza pública o mientras está en posesión de los objetos robados que confirmen su participación. Adicionalmente, la pena del delito no debe superar los 20 años.
Una de las piezas clave del proyecto es la reorganización interna del Ministerio Público Fiscal, que deberá conformar equipos especializados para el impulso y soporte técnico de las causas de flagrancia. La asignación de un fiscal particular para este sistema es considerada fundamental porque otorga especialidad al tratamiento, permitiendo un abordaje más rápido y eficiente.
Finalmente, en apoyo a las penas más firmes, se anunció el fortalecimiento del Sistema Penitenciario. A finales de año, se abrirá la licitación para la construcción de la cárcel Almafuerte III, destinada a delitos de menor gravedad, lo que garantizará que el sistema penitenciario esté preparado para hacer frente a estos casos y permitirá a los jueces imponer penas más firmes.
