19 Noviembre de 2025 - 18:12
19 Noviembre de 2025 / Ciudadano News / Sociedad
La sanción final a la iniciativa del Poder Ejecutivo se fundamenta en el principio de "Responsabilidad parental y tutelar," reconociendo que los padres o tutores tienen un deber de supervisión y cuidado sobre sus hijos. La meta es hacer a los adultos corresponsables del comportamiento de los niños, niñas y adolescentes a su cargo.
La ley establece la incorporación al Código de Contravenciones de Mendoza de los artículos 100 bis, 100 ter y 100 quater. Según el Artículo 100 bis, el padre, madre, tutor, guardador o responsable legal de un menor que cometa acoso escolar será sancionado si, una vez notificado por las autoridades escolares o de protección de la infancia, incumpliere el deber de orientación, diálogo, vigilancia o cuidado, o no adoptare las medidas necesarias para evitar la reiteración o reparar el daño.
Las sanciones previstas son: Multa de mil quinientas (1.500) a tres mil (3.000) U.F.. Tareas educativas o comunitarias de hasta treinta (30) días, según la gravedad del caso.
Es importante destacar que el producido de estas multas se destinará al Fondo Provincial (Ley N° 9545) para la prevención y asistencia de víctimas de acoso escolar, así como a Bibliotecas Populares.
Si bien se establecen sanciones, la propuesta se apoya en un "enfoque educativo y preventivo". La diputada Claudia Salas (UCR) destacó que la normativa no persigue el castigo o la criminalización, sino que busca generar conciencia, reparación y compromiso. El objetivo final es romper el ciclo de violencia desde el hogar y la familia.
La ley también contempla la "Protección de las víctimas," esperando que la responsabilización de los adultos promueva una intervención más rápida y efectiva para garantizar un entorno seguro. La sanción de trabajo comunitario, además de penalizar, busca ser una medida ejemplarizante que cree conciencia sobre el impacto negativo del bullying.
El Procedimiento (Art. 100 ter) establece que la autoridad escolar es la instancia originaria de actuación. Debe aplicar el Protocolo de Actuación en Casos de Bullying aprobado por la Dirección General de Escuelas (Resolución N° 5679). Solo si esta instancia previa fracasa por inasistencia de los adultos, incumplimiento de compromisos, o falta de cooperación, las actuaciones serán remitidas al Juzgado Contravencional competente.
El Artículo 100 quater establece que los progenitores quedarán eximidos de responsabilidad en los siguientes casos:
1. Si se encuentran privados o suspendidos del ejercicio de la responsabilidad parental.
2. Si tienen discernido judicialmente el cuidado personal unilateral en el otro progenitor.
3. Si están alcanzados por medidas de prohibición de acercamiento o protección vigentes que les impidan intervenir en la crianza o supervisión del menor al momento del hecho.
Aunque la ley fue sancionada, el debate en la Cámara reflejó diferentes visiones sobre el abordaje del bullying.
• La diputada Claudia Salas (UCR) afirmó que el bullying no es un conflicto menor y que la capacidad de acción de la escuela se ve limitada sin una respuesta comprometida del hogar. Subrayó que la iniciativa fortalece el sistema de protección y reafirma el compromiso de construir entornos seguros y respetuosos.
• La diputada Laura Balsells Miró (PRO) y los legisladores del Partido Justicialista (PJ) apoyaron la medida, pero señalaron que tiene una "mirada más punitiva" que no soluciona el problema de fondo. Balsells Miró abogó por un plan educativo específico y la creación de un observatorio provincial.
• Desde el PJ, se hizo hincapié en la necesidad de ofrecer más herramientas a la comunidad educativa, la incorporación de la alfabetización digital y el abordaje de la crianza digital responsable. Se enfatizó la importancia del Interés Superior de los niños y la corresponsabilidad compartida entre el Estado, la sociedad y la familia.
• En contra, el diputado José Luis Ramón (CyC) votó negativamente, argumentando que aplicar sanciones no soluciona el problema y que la paz en las escuelas debe ser garantizada por el proveedor del servicio educativo (el gobierno provincial).
