La Ley 9.665 aprobada por la Legislatura de Mendoza modifica el histórico Decreto Ley 560/73, que regulaba el Estatuto del Empleado Público desde hace más de cincuenta años. Con esta reforma, el Gobierno provincial busca modernizar la administración estatal, eliminar privilegios y ajustar el régimen laboral del personal público a estándares de transparencia y eficiencia.
Entre los cambios más relevantes, la norma elimina los cargos por herencia, regula el pago de indemnizaciones, y establece la obligación de rendir concursos para acceder a la planta permanente del Estado. Además, se fijan límites a las contrataciones temporarias, que deberán finalizar al término del mandato de quien haya realizado la designación.
Regulación de las indemnizaciones y nuevas condiciones laborales
Uno de los puntos centrales de la reforma es la regulación de las indemnizaciones por despido, que anteriormente superaban en hasta un 250% las del empleo privado. Ahora, las compensaciones se calculan sobre la base de una remuneración por cada año de servicio, con un tope equivalente a 24 meses de haberes y pago dentro de los 30 días del hecho que las genera.
La Ley 9.665 también incorpora mecanismos más claros de evaluación, disciplina y reincorporación, reduciendo los márgenes de discrecionalidad y garantizando procedimientos más ágiles en la resolución de conflictos laborales.
Nuevas categorías y estabilidad
La norma redefine la estructura del personal público, incorporando la figura del agente interino, quien tendrá estabilidad limitada hasta que se realicen los concursos correspondientes. Este tipo de designaciones podrá cesar sin indemnización si el cargo es ocupado por un agente concursado, lo que promueve la transparencia en el acceso al empleo estatal.
Asimismo, se actualizan los criterios de antigüedad, reconociendo únicamente los años trabajados bajo relación de dependencia con aportes previsionales, y excluyendo los períodos de contratación autónoma o bajo locación de servicios.
Alcance de la ley y exclusiones
El nuevo Estatuto del Empleado Público alcanza al personal de los tres poderes del Estado, incluyendo organismos centralizados, descentralizados y autárquicos. Sin embargo, excluye a docentes, personal de salud, fuerzas de seguridad y empleados municipales con regímenes propios.
La reforma también promueve la resolución administrativa de conflictos internos, evitando la judicialización de sanciones menores y fortaleciendo la gestión interna de los recursos humanos del Estado.
Modernización y control
Con la Ley 9.665, Mendoza da un paso hacia una gestión pública moderna, eficiente y transparente, eliminando disposiciones obsoletas del antiguo estatuto y estableciendo reglas claras para la relación laboral entre el Estado y sus empleados.
El objetivo, según el texto oficial, es mejorar el funcionamiento del sector público sin generar mayores costos ni crear nuevos cargos, garantizando a la vez la equidad y la responsabilidad en el ejercicio de la función pública.