26 Marzo de 2025 - 18:21
26 Marzo de 2025 / Ciudadano News / Sociedad
El Gobierno de Mendoza dio un paso clave en su plan de modernización del sistema penitenciario con el objetivo de frenar las comunicaciones ilegales de los reclusos.
A través del Ministerio de Seguridad, se lanzó una licitación para la adquisición de inhibidores de señal, dispositivos que permitirán cortar llamadas, mensajes de texto, conexiones Wi-Fi, GPS y otras redes móviles dentro de los establecimientos carcelarios.
La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, confirmó que la instalación de estos equipos comenzará en los próximos meses y proyecta que estén funcionando antes de fin de año. La inversión total en esta medida asciende a 2.300 millones de pesos.
El plan de instalación de los inhibidores de señal se implementará de manera escalonada, priorizando los siguientes centros penitenciarios:
Estos complejos albergan a una gran cantidad de internos y han sido identificados como puntos críticos en la problemática de las comunicaciones ilegales desde prisión.
Los dispositivos adquiridos operarán mediante radiofrecuencia, interfiriendo las señales utilizadas por los celulares y otros dispositivos de comunicación. De esta manera, se busca evitar que los reclusos puedan coordinar delitos desde el interior de los penales o mantenerse en contacto con redes delictivas en el exterior.
Entre las funciones de los bloqueadores de señal se incluyen:
La instalación de estos dispositivos es una respuesta a la gran cantidad de teléfonos incautados en las cárceles mendocinas. Según detalló Mercedes Rus, solo en 2023 se secuestraron 3.585 celulares en distintos operativos de requisa. Además, actualmente hay 2.800 dispositivos identificados que serán retirados de las unidades penitenciarias.
"Ahora seguimos con este retiro compulsivo de celulares. Antes hubo una etapa de retiro voluntario, pero vamos a intensificar las requisas y secuestrar más teléfonos", aseguró la ministra en diálogo con Radio Mitre.
La implementación de los inhibidores de señal es parte de un proceso más amplio de modernización del sistema de seguridad en las cárceles de Mendoza. Esta iniciativa busca prevenir delitos organizados desde los penales, dificultando la comunicación de los internos con el exterior y reduciendo el riesgo de extorsiones, estafas y otros ilícitos que suelen ser coordinados desde prisión.
