18 Diciembre de 2025 - 07:58
18 Diciembre de 2025 / Ciudadano News / Sociedad
La decisión del intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, de desplazar al jefe policial de su distrito luego de un operativo de alcoholemia realizado a la salida de una jineteada, desató una fuerte polémica política y judicial en el sur de la provincia de Buenos Aires. El episodio no solo generó malestar en la comunidad, sino que derivó en una denuncia penal que hoy es analizada por la Justicia de Bahía Blanca.
El hecho que dio origen al conflicto ocurrió el domingo 7 de diciembre, cuando la Policía montó un control vehicular a la salida de la 1ª Fiesta de los Basteros, realizada en el Club El Progreso, en la localidad de Pueblo Santa María. El operativo provocó demoras, embotellamientos y quejas de los asistentes, muchos de los cuales habían participado del tradicional evento gaucho.
Tras lo sucedido, Moccero resolvió apartar de su cargo al teniente Martín Guevara, responsable de la Comisaría del Pueblo San José, a quien señaló como el responsable del procedimiento. El intendente sostuvo que el control fue mal planificado y ejecutado en un horario inadecuado, alrededor de las 19, cuando —según su postura— no suelen realizarse este tipo de operativos.
"Ni bien me enteré del hecho, vi que había algo raro, que no podía ser", afirmó el jefe comunal en declaraciones a medios locales. Incluso aseguró que intervino de manera directa ante el Ministerio de Seguridad bonaerense para solicitar la separación del cargo del funcionario policial, decisión que se concretó pocas horas después.
La situación escaló cuando Moccero justificó públicamente su decisión con declaraciones que rápidamente se viralizaron. "Los gauchos no van a tomar Coca-Cola ni jugo de naranja. Con una copita de vino ya les da positivo", expresó, al cuestionar la aplicación estricta de la Ley de Alcohol Cero en este tipo de celebraciones tradicionales.
Además, calificó el operativo como "ridículo" y denunció supuestos excesos, como la retención prolongada de adultos mayores. "Había personas de 80 y 88 años esperando más de una hora en un auto. Fue una barbaridad", sostuvo, al tiempo que remarcó su autoridad política: "La autoridad del distrito soy yo, le guste a quien le guste".
Las declaraciones del intendente motivaron la presentación de una denuncia penal, impulsada —según trascendió— por un dirigente opositor. La causa quedó radicada en la UFI Nº 9 del Departamento Judicial Bahía Blanca, a cargo del fiscal Eduardo Quirós, quien ahora deberá determinar si la conducta del jefe comunal configura algún delito o si se trata de un desacuerdo político con la normativa vigente.
Desde el ámbito judicial señalaron que cuestionar la ley de alcoholemia, por sí solo, no constituiría un delito, aunque la fiscalía evaluará si existieron otras irregularidades.
El caso reavivó el debate sobre la seguridad vial, la aplicación de la ley de alcohol cero y los límites de la autoridad política sobre las fuerzas de seguridad. Desde organizaciones vinculadas a la concientización vial, como la Campaña Estrellas Amarillas, respaldaron la realización de controles en eventos masivos y remarcaron que beber alcohol y conducir sigue siendo una de las principales causas de siniestros viales en el país.
Mientras tanto, desde el Ministerio de Seguridad bonaerense trascendió que el policía desplazado no habría recibido sanciones disciplinarias formales, pese al pedido del intendente.
El episodio continúa generando repercusiones en Coronel Suárez y mantiene abierta una discusión de fondo: cómo compatibilizar las tradiciones culturales, el cumplimiento de la ley y la prevención de accidentes en eventos populares.
