4 Diciembre de 2025 - 15:13
4 Diciembre de 2025 / Ciudadano News / Sociedad
Algunos estudios aseguran que la cantidad de juicios laborales han aumentado en forma exponencial en los últimos años en Argentina. La Fundación Mediterránea, gestora de uno de estos sondeos, asegura que la implementación dispar de la Ley Federal agrava la situación. Laura Caullo, responsable de la sección social-laboral de ese organismo, analizó en Sin Verso, por Ciudadano News, la coyuntura actual de los juicios laborales en Argentina, un tema que, si bien se debate mucho, presenta una realidad estadística particular.
El análisis se centra en el descalce entre la mayor judicialidad y la incidencia de accidentes laborales: mientras ha habido menos registros de accidentes y enfermedades de trabajo (corregidos por la cantidad de trabajadores), el índice de litigiosidad ha aumentado sustancialmente. La experta fue consultada sobre cómo esta tendencia condiciona la generación de empleo formal.
"Al analizar la serie de judicialidad con datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT)- explica la entrevistada-, se observa un incremento significativo desde 2020 hasta la actualidad. Los niveles de judicialidad por cada 10.000 trabajadores están actualmente en niveles semejantes o aproximándonos a los picos históricos que de los últimos 25 años, un hecho que se dio en 2017, cuando se implementó una reforma que buscaba reducir el litigio".
Caullo afirmó que "el índice de judicialidad cada 10.000 trabajadores, corregido por el número de trabajadores, se ha venido incrementando sustancialmente desde el año 2020 hasta la actualidad". Esta disparidad tiene una consecuencia directa: el incremento en las cuotas de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART), cuyo promedio sobre la masa salarial alcanzó su mayor nivel desde agosto en todo el período 2022-2026.
Esta tendencia de alta litigiosidad es un factor que desmotiva la creación de empleo formal, especialmente para las PyMEs. Según Caullo, "la alta informalidad en Argentina (más de la mitad de los trabajadores con empleos precarios o informales) se ve exacerbada por esta dinámica. La litigiosidad no es el único obstáculo, pero sí un aliciente adicional. La experta enfatizó: "esta litigiosidad en realidad le aumenta el costo laboral a la parte formal registrada".
Sin embargo, es un aliciente más que desmotiva la contratación formal". Al tomar un trabajador, las empresas sopesan tres pilares: costos de ingreso y capacitación, costos de remuneración (salario, aportes y contribuciones) y costos de desvinculación (pasivo contingente). A esto se suman las elevadas cargas impositivas, donde "las contribuciones que carga el empleador son de un 26% eh por sobre el bruto que recibe el empleado".
La solución para reducir esta "industria del juicio" pasa por la correcta implementación de la ley 27348, que si bien rige, se aplica de manera diferente en el territorio nacional, especialmente en lo referente a las comisiones médicas y la unificación de criterios en la justicia provincial. Laura Caullo insistió en que la implementación de la ley y la alineación de incentivos son cruciales para que las empresas puedan contratar, y el trabajador obtenga un sueldo digno. "Además, los altos costos laborales que debe pagar el Estado son el único aspecto que no se ha abordado en los bocetos de modernización laboral, aunque existe la idea de establecer un mínimo no imponible de aportes y contribuciones", culminó Laura Caullo.
