DERECHOS DE INFANCIA
La batalla legal entre la cantante argentina Cazzu y el mexicano Christian Nodal por los permisos de viaje de su hija, Inti, ha trascendido el espectáculo para convertirse en una causa legislativa en México. Lo que comenzó como una denuncia mediática por el control ejercido sobre la movilidad de la menor, se transformó en el proyecto de "Ley Cazzu".
Esta iniciativa, presentada originalmente en el Congreso de Michoacán por la diputada Sandra Arreola Ruiz, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), busca reformar la Constitución para impedir que padres ausentes o deudores alimentarios utilicen el veto migratorio como una herramienta de poder.
El interés superior del menor frente al control parental
La propuesta surge ante la necesidad de garantizar que el bienestar de niñas, niños y adolescentes prevalezca sobre el conflicto entre adultos. Actualmente, en México, tramitar un pasaporte o autorizar la salida del país requiere la firma de ambos progenitores. Sin embargo, la "Ley Cazzu" pretende que la persona que ejerce la guarda y custodia principal pueda gestionar permisos de movilidad de forma ágil si se demuestra el abandono parental o el incumplimiento de la pensión alimenticia. De este modo, se busca neutralizar lo que muchos colectivos definen como una forma de violencia vicaria.
"Quiero dejar algo muy claro: esta no es una iniciativa de género, es una iniciativa que piensa en el interés superior de la niñez. Está hecha para proteger a niñas, niños y adolescentes, sin importar si el abandono proviene del padre o de la madre", sostuvo Arreola Ruiz.
El impacto de este movimiento ha cruzado fronteras, logrando en Argentina más de 33 mil firmas en plataformas de peticiones ciudadanas. En México, la realidad es urgente: existen más de once millones de madres solteras que asumen solas la crianza y enfrentan bloqueos legales sistemáticos.
La artista argentina Natalia Cazzuchelli, más conocida como Cazzu, ha manifestado que su postura no es emocional, sino una decisión política para visibilizar una problemática estructural. Con esta reforma, se busca que el derecho a la identidad y la recreación de los hijos deje de ser una moneda de cambio o un mecanismo de castigo en contextos de ruptura.