28 Mayo de 2025 - 08:55
28 Mayo de 2025 / Ciudadano News / Sociedad
Las universidades de todo el país se presentarán este miércoles en el Congreso de la Nación para presentar un nuevo proyecto de ley de financiamiento universitario. Tras el veto del Gobierno a la iniciativa que fue aprobada el año pasado, insistirán con una nueva propuesta, mientras el presupuesto del sector continúa congelado desde el 2023. En las Cámaras de Diputados y Senadores, bloques opositores buscan activar el debate.
Desde las 10, representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a gremios docentes y estudiantiles como la Federación Sindical de Universidades Nacionales (CONADU) y Federación Universitaria Argentina (FUA), se reunirán en el Congreso para impulsar una propuesta que contemple un financiamiento sostenido para el sistema universitario. La medida se da en un contexto donde el presupuesto permanece congelado desde 2023 y las partidas asignadas representan apenas el 0,88% del PBI, por debajo del 0,91% del año anterior.
"Hemos estado trabajando en este proyecto de ley de financiamiento educativo universitario en el convencimiento de que la disputa tenemos que darla en el Congreso, porque el Poder Ejecutivo ha demostrado con creces su desprecio por el diálogo y su intención de destruir la universidad pública", destacó Carlos De Feo, Secretario General de CONADU.
"Es necesario que el Congreso, como expresión y representante de la sociedad, dé respuesta y respaldo a los justos reclamos de los diferentes sectores que se ven afectados por las políticas de ajuste implementada por el Poder Ejecutivo", agregó De Feo.
Por su parte, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, expuso que casi el 80% de los trabajadores docentes y no docentes del sistema universitario nacional perciben un salario por debajo de la línea de pobreza.
"Un docente inicial hoy cobra algo más de 150 mil pesos. Un titular simple con 20 años de antigüedad, alguien que está al frente de cátedras, con formación postdoctoral, hoy está cobrando entre 300 y 350 mil pesos. Es inadmisible para alguien que tiene la responsabilidad de formar a las futuras generaciones del país", expresó.
Según el CIN, la inflación acumulada entre noviembre de 2023 y marzo de 2025 fue del 196%, mientras que los salarios aumentaron apenas 114%, lo que representa una pérdida de más de un tercio del poder adquisitivo. Esta situación ha provocado una fuga preocupante de profesionales del sistema universitario.
"Con este ajuste salarial, el Gobierno promueve el vaciamiento de las universidades públicas, hay un éxodo de docentes que tienen que buscar otros empleos para garantizar sus condiciones de vida", expresó Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), durante las manifestaciones de la semana pasada.
En septiembre del año pasado, el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento Universitario, tras largos debates en ambas cámaras. Sin embargo, el presidente Javier Milei decidió vetar la norma y la Cámara baja, luego que un grupo de diputados cambiasen su voto, no logró revertir la decisión presidencial.
La semana pasada, la Comisión de Educación y Cultura del Senado recibió a estudiantes y gremios universitarios, quienes alertaron sobre la crítica situación del sistema.
El senador Eduardo Wado de Pedro, presidente de la comisión, informó que hay nueve proyectos de ley en tratamiento, algunos para atender la emergencia presupuestaria y otros que apuntan a un aumento progresivo de la inversión.
"Con una mirada de cortísimo plazo, el Gobierno nacional ha decidido desfinanciar deliberadamente a las universidades públicas, desmantelar la ciencia nacional y abandonar el conocimiento como política de Estado", cuestionó De Pedro y destacó: "Las universidades públicas son el motor del ascenso social en la Argentina".
En Diputados, recientemente los bloques de Democracia para Siempre y Coalición Cívica presentaron una iniciativa conjunta. La misma propone actualizar automáticamente las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales, tomando como base la inflación acumulada entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024 y una fórmula mixta de actualización para este año. A su vez, propone un rol activo de la Auditoría General de la Nación (AGN), que deberá remitir al Congreso informes de seguimiento y control sobre el uso de los fondos, reforzando la transparencia del sistema.
La iniciativa también exige convocar a paritarias dentro de los cinco días posteriores a la sanción de la ley, para recomponer salarios según la inflación acumulada, además de actualizar las becas estudiantiles y establecer un mecanismo automático de ajuste para evitar su deterioro.
Con información de Data Clave
