Derecho a la educación
El Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, anunció a través del Boletín Oficial la prohibición del funcionamiento de "centros de estudiantes" dentro del Servicio Penitenciario Federal. La medida, formalizada mediante la Resolución 372/2025, establece que esas organizaciones informales de presos que estudian no estarán habilitadas en las cárceles federales.
Además, se dispuso que las personas privadas de la libertad no podrán permanecer en los centros educativos o espacios de estudio fuera del horario de clases asignado. No obstante, la resolución mantiene el acceso pleno a la educación en todos sus niveles y modalidades para los internos alojados en establecimientos federales.
Según las autoridades nacionales, los centros de estudiantes no están reconocidos legalmente ni por la administración penitenciaria. Consideran que su existencia distorsiona la finalidad de la readaptación social de los internos, ya que, en la práctica, interfiere con el cumplimiento del régimen de progresividad.
En el documento oficial se argumenta que los internos involucrados en estos centros permanecían en los espacios educativos durante toda la jornada, sin realizar las actividades obligatorias para la reinserción social, como tareas laborales y el mantenimiento de los espacios comunes. Se detectó que en unidades penitenciarias como el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires (CPFCABA), los internos asistían de 9 a 18 horas, mientras que en el CPF I y CPF IV lo hacían en franjas horarias similares.
El Ministerio de Seguridad sostiene que la permanencia prolongada de los internos en los centros educativos obstaculiza el cumplimiento de las normas penitenciarias, por lo que consideró necesario implementar esta medida. Con esta resolución, el Gobierno busca reforzar el control sobre la población carcelaria y garantizar el cumplimiento de las obligaciones dentro de las unidades penitenciarias.
Con información de NA