Conflicto ancestral
La Justicia de Neuquén, respaldada por más de quince magistrados a lo largo del proceso, ha ratificado la orden de desalojo de un grupo de mapuches de un predio de 624 hectáreas ubicado en El Correntoso (Villa La Angostura). Estas tierras, situadas sobre la costa del lago Nahuel Huapi, fueron usurpadas el 27 de diciembre de 2011 por miembros de la familia Melo y posteriormente por la lof Quintriqueo, quienes ingresaron a la propiedad y comenzaron construcciones precarias, argumentando una supuesta preexistencia territorial. Los propietarios, que poseen la titularidad registral del lote desde 1969, han visto sus derechos reconocidos en todas las instancias judiciales.
Cabe señalar que para este próximo fin de semana se esperaba una nueva edición del "Parlamento Regional por el Agua y el Territorio", en el camping Correntoso. Ese lugar está identificado desde hace años como territorio del lof Paicil Antriao, y la convocatoria es un encuentro entre autoridades tradicionales, referentes comunitarios, y representantes de asambleas socioambientales de Neuquén, Río Negro, Chubut y Mendoza. Sin embargo, queda a criterio de los organizadores la concreción de dicho evento, a raíz de esta decisión de la Justicia.
El proceso judicial y la firmeza de la sentencia
El camino judicial para la restitución de la propiedad se encuentra agotado en un cien por ciento. Tras años de litigio, que incluyeron al menos cinco órdenes de desalojo previas, la sentencia quedó firme. En julio de 2023, la Cámara de Apelaciones rechazó un recurso de la comunidad, y en octubre de 2024, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén declaró inadmisible la última apelación de los ocupantes.
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Esta última resolución confirmó que la sentencia de desalojo está lista para ser ejecutada, algo que se reiteró en abril de 2025. Los fallos judiciales han destacado que los intrusos, que ni siquiera cuentan con el reconocimiento del INAI, no lograron demostrar fundamentos para su reclamo territorial.
¿Por qué se demoran?
A pesar de que la sentencia es firme y no existen instancias por delante, la restitución de las tierras a sus dueños está paralizada. La ejecución de la medida es responsabilidad del Gobierno provincial de Neuquén, a cargo de la policía local. No obstante, fuentes cercanas a los denunciantes afirman que la dilación se debe a la falta de disposición de los recursos necesarios para concretar el operativo. Esta inacción genera una profunda preocupación entre los vecinos de Villa La Angostura: los vecinos denuncian una falta de decisión política por parte del gobierno provincial.
En este contexto de incertidumbre legal y social, los vecinos exigen que se respete la división de poderes, subrayando que la Justicia ha actuado "conforme a derecho" y que sus decisiones deben ser acatadas para poner fin a la prolongada situación de conflicto con los mapuches en la región. La dilación del Poder Ejecutivo de Neuquén no solo impide el cumplimiento de la ley, sino que también socava la paz social y la credibilidad en las instituciones.
