27 Septiembre de 2025 - 20:40
27 Septiembre de 2025 / Ciudadano News / Sociedad
La investigación sobre el fentanilo contaminado en Argentina que causó más de un centenar de muertes en distintos centros de salud del país dio un giro definitivo cuando el juez federal Ernesto Kreplak procesó a los principales responsables de la firma HLB Pharma y su subsidiaria, Laboratorios Ramallo, por el delito de adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte.
Este fin de semana se supo que la Justicia está investigando 124 muertes, una trágica cifra que se conoció en el dictamen de procesamiento de 14 acusados que incluye a directivos de las firmas cuestionadas.
La lista de fallecidos incluye 54 pacientes de Buenos Aires, uno de Capital Federal, siete en Córdoba, tres en Formosa y 50 en la provincia de Santa Fe.
El procesamiento dictado por Kreplak recae sobre varios integrantes de la cúpula directiva de HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA, la empresa encargada de la fabricación de la droga. La resolución judicial apuntó directamente a los altos cargos por su rol en la elaboración y liberación al mercado del fentanilo que resultó infectado con bacterias multiresistentes (Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae).
Entre los principales procesados se encuentra Ariel Fernando García, propietario e integrante de la dirección del conglomerado empresarial, quien fue procesado como coautor del delito de adulteración. También se procesó con prisión preventiva a otros ejecutivos, como el Director de Manufactura y el Director Técnico responsable de la producción y liberación de los lotes contaminados.
El juez fundamentó las detenciones en el riesgo procesal y la existencia de maniobras de ocultamiento de pruebas, como intentos de transferir bienes y la destrucción de dispositivos electrónicos, señalando un claro intento de obstaculizar la investigación.
Uno de los aspectos más resonantes de la resolución fue la imposición de embargos multimillonarios.
Solo contra García, el magistrado dispuso una suma de un billón de pesos ($1.000.000.000.000), mientras que el resto de los ejecutivos principales fueron embargados por sumas que alcanzan los quinientos mil millones de pesos.
Estas cifras, consideradas históricas en el fuero penal argentino, buscan garantizar el resarcimiento de las víctimas y la pena pecuniaria asociada al delito.
