La regulación de la eutanasia enfrenta un nuevo dilema ético y jurídico: la aplicación de la misma en casos de padecimientos exclusivamente mentales. Adriana Villalba, abogada y directora del Departamento de Derecho Avanzado de UADE, dio detalles en el programa Sin Verso sobre un informe técnico elaborado por la Universidad Argentina de la Empresa.
El análisis surge en un momento bisagra: mientras Uruguay consolida su marco legal, en Argentina la práctica permanece bajo la figura de delito. Según Villalba, la complejidad también radica en los padecimientos psíquicos irreversibles, donde el consentimiento y el sufrimiento no son fácilmente cuantificables por la ley actual. El debate busca trascender la muerte digna para discutir una autonomía real, planteando si el Estado debe garantizar el derecho a decidir el final ante un dolor que no siempre es físico, pero sí insoportable.
En Argentina rige la ley 26.742 de Muerte Digna que permite a los pacientes rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente su vida, lo que se conoce como eutanasia pasiva.