Vigilia y movilización
Diversas familias, organizaciones y grupos autoconvocados llevan adelante una vigilia en rechazo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, con el objetivo de que los diputados nacionales mendocinos se pronuncien a favor de la normativa.
Desde AIEPESA Mendoza, entidad que reúne a prestadores de servicios para personas con discapacidad, difundieron una carta dirigida a legisladores nacionales y al gobernador Alfredo Cornejo, en la que los instan a actuar frente al "voto negativo que desconoce una realidad que afecta diariamente a miles de familias mendocinas. A quienes ya votaron afirmativamente les pedimos que mantengan con firmeza su postura".
"A quienes votaron en contra, los convocamos a reflexionar y modificar su voto", expresaron. La ley fue aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras, con el respaldo de siete de los diez diputados mendocinos: Lourdes Arrieta (Transformación), Martín Aveiro (UxP), Adolfo Bermejo (UxP), Liliana Paponet (UxP), Lisandro Nieri (UCR), Pamela Verasay (UCR) y Julio Cobos (UCR). Por su parte, tres diputados de LLA votaron en contra: Facundo Correa Llano, Mercedes Llano y Álvaro Martínez.
El pedido directo al gobernador Cornejo
Desde AIEPESA remarcaron que "la emergencia en discapacidad no es un tema de gasto, sino de derechos. No se trata de números, sino de vidas". Además, señalaron que el Estado reconoce que el costo total de la ley representa entre el 0,03% y el 0,07% del PBI, una cifra mínima en relación con el impacto que implica garantizar atención, apoyos y dignidad a miles de ciudadanos.
Por último le pidieron a Cornejo que, en representación de la provincia, intervenga ante los legisladores nacionales para acompañar la sanción definitiva de la ley. "Mendoza no puede ser indiferente. Necesita que sus representantes estén a la altura", concluyeron.
Este miércoles se debate la ley en Diputados
Este miércoles 20, la Cámara de Diputados la debatirá, tras el fallo del juez federal de Campaña, Adrián González Charvay, quien declaró inválido el veto presidencial a la ley 27.793. Esta resolución responde a un amparo presentado por una familia con hijos con discapacidad, y aunque anula el veto presidencial, su efecto es limitado al caso particular de los demandantes y no tiene alcance general.
