Lo que comenzó como una medida excepcional por la pandemia se ha convertido en una tragedia social. E periodista José Urrutia asegura que en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, el "derecho a la conectividad" de los reos está costando vidas y ahorros. Con casi 50.000 líneas activas, los pabellones operan como auténticos call centers del delito.
Casos recientes, como el chantaje que llevó a la muerte a un soldado en Olivos, demuestran que el arma del delincuente es hoy un mensaje de texto. Mientras la señal 4G vuela en los penales, miles de ciudadanos son acorralados por estafas virtuales orquestadas desde celdas que, por ley, deberían ser espacios de rehabilitación, no de logística criminal.