La brecha entre el Gobierno nacional y las universidades públicas se profundiza tras la presentación del Presupuesto 2026. Según informes recientes, el financiamiento destinado a la educación superior sufrió una caída real del 45% desde 2023, marcando un mínimo histórico que pone en riesgo el funcionamiento básico de las facultades en todo el país.
Mientras el Ejecutivo mantiene su postura de equilibrio fiscal estricto, los rectores advierten que las partidas asignadas son insuficientes para cubrir salarios y gastos operativos básicos. Este escenario no solo compromete la calidad académica, sino que reactiva el conflicto social, posicionando a la educación pública como el principal foco de resistencia frente al programa económico actual.