Alerta

Crisis total en Discapacidad: deudas millonarias del Estado ponen en riesgo la atención de cientos de personas

Instituciones de Mendoza denuncian una situación límite por la interrupción de pagos nacionales desde noviembre. Con deudas que superan los 600 millones, el sistema de atención integral está al borde del colapso.

Ciudadano.News

Por Ciudadano.News

12 Marzo de 2026 - 14:40

12 Marzo de 2026 / Ciudadano News / Sociedad

La situación del sector de la discapacidad en Mendoza ha alcanzado un punto de no retorno. El periodista Daniel Gallardo, dialogó con referentes de instituciones locales, entre ellas Mabel Caviglia de Thadi, que han alzado la voz para alertar sobre una crisis financiera sin precedentes derivada del incumplimiento de pagos por parte del Estado nacional. La falta de fondos, que se arrastra desde noviembre del año pasado, ha cortado la cadena de pagos, dejando a los centros prestadores sin recursos básicos para sostener su estructura operativa y profesional.

Crisis en Discapacidad: Deudas del Estado ponen en riesgo la atención en Mendoza
Crisis en Discapacidad: Deudas del Estado ponen en riesgo la atención en Mendoza

Una deuda millonaria que asfixia el servicio

Actualmente, solo la deuda acumulada con Thadi supera los 600 millones de pesos. Si bien obras sociales provinciales mantienen una regularidad con demoras, el grueso del financiamiento nacional está congelado. La institución ha logrado cubrir salarios y gastos corrientes utilizando sus ahorros, pero advierten que ya no quedan reservas económicas para afrontar los próximos meses. Esta desfinanciación pone en jaque la continuidad de servicios esenciales para una población sumamente vulnerable que no puede esperar.

El impacto humano de este conflicto es devastador. Se estima que 380 personas con discapacidad, desde niños hasta adultos mayores, dependen directamente de estas prestaciones. De ese total, 50 residentes viven de forma permanente en el hogar, incluyendo a 15 adultos que no cuentan con red familiar, lo que significa que el cierre de la institución los dejaría en un estado de desamparo absoluto. La demora en la aplicación de la emergencia en discapacidad agrava un escenario donde el derecho a la salud y la vida digna parece haber pasado a un segundo plano para las autoridades nacionales.

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