Obras sociales y prepagas
Por la falta de actualización del nomenclador y los bajos reintegros, muchas personas con discapacidad ven limitado su acceso a prestaciones esenciales. Es por eso que la especialista Macarena Fragueiro Frías advirtió sobre el creciente deterioro del sistema y la urgencia de reclamar los derechos a tiempo.
La situación de las personas con discapacidad en Argentina atraviesa un momento crítico. En una nueva emisión del programa Acceso Directo (lunes a viernes, de 16 a 17, por FM 91.7, Ciudadano News en YouTube o Facebook y Ciudadano_News en Twitch), la abogada y referente en derechos de discapacidad, Macarena Fragueiro Frías, analizó el impacto de los recortes, los retrasos en los pagos y la falta de actualización de aranceles que afectan tanto a prestadores como a pacientes.
Uno de los puntos más alarmantes es el desfasaje entre el aumento del nomenclador —que establece los valores de las prestaciones— y la inflación acumulada desde la asunción del actual Gobierno. Mientras los costos generales se dispararon por encima del 140% y las prepagas subieron sus tarifas más de un 300%, el nomenclador solo aumentó un 60%, lo que genera una brecha insostenible para los prestadores de servicios.
Prestaciones limitadas y prestadores desmotivados
Este desajuste no es un dato menor: muchos centros de día, hogares terapéuticos, centros educativos y otras instituciones clave para personas con discapacidad están al borde del colapso o directamente dejaron de brindar servicios por la imposibilidad de sostener los costos. "Hay prestadores que están desmotivados o buscan otras actividades para subsistir", explicó Fragueiro Frías.
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El problema se agrava para quienes deben acceder a servicios mediante reintegro, ya que los montos establecidos no alcanzan para cubrir ni una parte del valor real de las prestaciones.
¿Qué cubre el certificado de discapacidad?
Fragueiro Frías aclaró que, por ley, las prestaciones relacionadas con la discapacidad están cubiertas al 100%, pero siempre bajo condiciones: deben estar indicadas por un médico y justificadas con precisión. Además, la cobertura está limitada al tipo de discapacidad declarado. Por ejemplo, alguien con discapacidad auditiva no puede solicitar una silla de ruedas a menos que su cuadro médico lo justifique debidamente y se haya actualizado el certificado.
También hizo hincapié en que algunos beneficios sí son universales, como el transporte gratuito o el estacionamiento libre en zonas habilitadas, pero otras solicitudes —como medicamentos específicos o cuidadores terapéuticos— deben atravesar procesos estrictos, y en muchos casos, judiciales.
El drama de los cuidadores
Uno de los puntos más sensibles es el acceso a cuidadores o acompañantes terapéuticos. Según la especialista, hay escasez de profesionales, rotación constante y bajos salarios, regulados por la escala del personal doméstico. Esto desalienta la permanencia en el rubro y afecta gravemente a las familias que dependen de este servicio.
Además, muchas veces las autorizaciones para estos cuidadores se niegan por cuestiones burocráticas, como certificados incompletos o diagnósticos mal registrados. La especialista advirtió que muchas familias no logran acceder a la cobertura porque no actualizan sus certificados con nuevas patologías que surgen con el tiempo.
Reclamar antes de que sea tarde
Finalmente, Fragueiro Frías llamó a la población a reclamar sus derechos de forma anticipada y estratégica. "Si uno espera a estar completamente agotado o en crisis, el sistema judicial no responde a tiempo y ya es tarde", advirtió. También insistió en la importancia de presionar para que el gobierno actualice el nomenclador, ya que eso traería alivio inmediato a muchas familias.