28 Marzo de 2025 - 16:01
28 Marzo de 2025 / Ciudadano News / Sociedad
El crimen organizado que opera desde las cárceles representa un problema creciente en Argentina. El especialista en seguridad y contraterrorismo, Daniel Adler, advirtió en diálogo con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por FM 91.7 y Ciudadano_News en Twitch), que no se debe naturalizar esta situación y destaca la importancia de eliminar la comunicación de los reclusos con el exterior, dado que el uso de celulares facilita el control de actividades delictivas fuera de los penales.
"No hay que acostumbrarse a vivir con estas temáticas", enfatizó Adler al referirse a delitos como la pedofilia, el tráfico de información y la extorsión, que han proliferado en provincias como Córdoba, Mendoza y Buenos Aires.
En particular, el experto mencionó el manejo del crimen organizado desde los penales mediante teléfonos móviles, lo que permite a los delincuentes seguir operando desde prisión.
Mendoza ha implementado medidas para abordar esta problemática. "Desde la pandemia hasta la fecha, han pasado al menos 26 mil teléfonos por las cárceles mendocinas. Sin embargo, hay una decisión firme por parte de la ministra Rus de frenar esta actividad", señaló el especialista. Para ello, la provincia ha invertido aproximadamente 2 mil millones de pesos en licitaciones para instalar inhibidores de señal en los penales. "Se espera que estos dispositivos comiencen a funcionar a mediados de año", agregó.
Los inhibidores de señal impiden que los celulares dentro de las cárceles puedan enviar o recibir información, además de permitir la geolocalización de dispositivos sospechosos mediante antenas de rastreo.
"Argentina ha logrado con gran éxito asociar las identidades de las personas con sus números telefónicos, lo que permite un control más estricto", explicó Adler.
Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires la situación es diferente. "Hoy hay 47 mil celulares en las penitenciarías. De cada cuatro presos, tres tienen al menos una línea, y algunos cuentan con hasta dos", advirtió el experto.
Para Adler, la falta de una política firme para erradicar el uso de celulares responde a un "componente ideológico en contra de la seguridad" que impide tomar decisiones efectivas. Además, señaló que la complicidad interna dentro del sistema penitenciario agrava la situación, por lo que considera fundamental la creación de unidades de asuntos internos manejadas por civiles.
Adler enfatizó que la solución pasa por "fuerza de voluntad, decisión, perseverancia y un lenguaje claro". Según su visión, "la seguridad se trata de proteger a los inocentes y castigar a los culpables".
En este sentido, sostuvo que los reclusos no deberían tener acceso a teléfonos móviles y que las visitas familiares deberían ser excepcionales y obtenidas como beneficio por buen comportamiento.
Además de eliminar la comunicación delictiva, Adler propone una reforma penitenciaria basada en el trabajo y la rehabilitación.
"Las cárceles privadas deben implementarse con urgencia, donde los reclusos trabajen para cubrir sus propios gastos", sugiere. También destaca la necesidad de ofrecer formación en oficios dentro de los penales, financiada por el trabajo de los propios internos.
"Esto representaría una revolución en materia de seguridad, ya que no hay un buen plan de seguridad sin un buen plan de rehabilitación", afirmó.
Finalmente, Adler advirtió sobre el modo en que las bandas organizadas seleccionan sus víctimas.
"Las bandas que se dedican al secuestro exprés o robo de viviendas no eligen sus objetivos al azar. Primero hacen un trabajo de inteligencia", explicó.
El especialista detalló que utilizan a menores de entre 12 y 18 años para realizar tareas de reconocimiento en barrios, identificando viviendas vulnerables y marcándolas con señales para los delincuentes.
La combinación de tecnología, voluntad política y un enfoque estructural en la seguridad podría marcar un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado en Argentina.
