11 Octubre de 2024 - 15:52
11 Octubre de 2024 / Ciudadano News / Sociedad
El portavoz del Gobierno nacional, Manuel Adorni, había anunciado este jueves que se tomará un examen de "idoneidad" a unos 40.000 empleados que pertenecen a la planta transitoria, o que sean contratados por el Estado nacional. Las primeras respuestas críticas llegaron desde los gremios estatales: "Para nosotros es ilegal", dijo Rodolfo Aguiar, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado.
Nahuel Altieri es abogado laboralista, y presidente de la Asociación Altieri Legal. Fue convocado por la producción de Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12, por Ciudadano News 91.7) para analizar los alcances legales de semejante decisión gubernamental. "Es interesante este planteo. Si nos ponemos en términos políticos, creo que los altos dirigentes de nuestro país no pasarían un examen psicotécnico", dijo al comenzar la charla.
"Evaluar no está tan mal", expresa Altieri. "Estoy convencido de que hay que profesionalizar la planta del Estado. En Francia existe la Escuela Nacional de Administración, donde se jerarquiza el trabajo estatal. Deberíamos entender que el trabajo estatal tiene que ser un honor, y para eso tiene que haber gente sumamente formada, que esté más allá de los bailones políticos", agrega.
"Cada gestión nueva trata de acomodar a sus allegados, y muchas veces acomoda gente por afinidad, y no por capacidad", explica Altieri. Y allí mismo trae a la memoria la actitud de José Mujica, ex presidente de Uruguay, quien en algún momento les habló a los empleados de la petrolera estatal, y les dijo "Ustedes están acá para servir, no para servirse a sí mismos".
En palabras de Altieri, esto va en consonancia con aquel empleado estatal que existe, que es bueno, y tiene vocación de servicio. "Y no aquel que sufrimos los particulares, cuando en una oficina pública vemos que no nos quieren atender, o nos atienden mal, con desdén. Si el instrumento de evaluación es para jerarquizar la profesión, y para separar a los acomodadores profesionales, pues bienvenido sea", enfatiza.
Sin embargo, el abogado laboralista hace mención a lo que sucedería si se lo piensa como una 'excusa'. "Aunque digan que el examen es objetivo, tiene cierto carácter de subjetividad. Y si hay falta de transparencia en cuanto a la calificación, vamos a estar en lo mismo. Esto ya pasó en los 90 -rememora el entrevistado-, cuando se privatizaba una empresa y había un plan de retiro voluntario. El que recibía ese dinero se ponía un maxiquiosco, un remís, o una pollería, el ex empleado quemaba la indemnización, y quedaba fuera del mercado. Entonces, acá el Estado está expulsando mano de obra".
Altieri comenta que, desde su postura de abogado, reciben consultas de gente con 30 años de antigüedad efectivos, a quienes se les vulneraron los derechos de empleado público, y que por cuestiones ideológicas se lo apartó de su trabajo. "Eso es lo preocupante. Cuando las herramientas legales son mal utilizadas y tergiversadas, el público es un objetivo político. El Estado está expulsando a personas que después no van a ser reabsorbidas por el sector privado", detalla.
El gran dilema es si el Estado va a transformar la matriz productiva del país. Altieri entiende que si el Estado deja de ser uno de los principales empleadores, deberían saberse de antemano las condiciones para que el sector privado pueda contratar a todas esas personas. "Nos preocupa que esa gente quede a la deriva. Y hay algo que tampoco se entiende: que si es el Estado el que las despide, es el mismo Estado el que las debería reabsorber", analiza.
Lo importante es saber cuál es la respuesta a semejante decisión oficial. "El empleado público es un sevidor público, y queremos que sea una persona capacitada y con buena predisposición para que atiendan cuando uno va a hacer un trámite. La gran duda es: ¿cuáles son los parámetros para medir la idoneidad del empleado, o para analizar los años de trabajo, o para saber cómo está conformada su familia?", se pregunta, ante las consultas de Rebeca Miranda y Gabriel Landart, conductores del ciclo.
Hay un detalle importante en medio de esta decisión gubernamental: las personas con discapacidad que cumplen una labor en el sector estatal. "En un principio, ellos no entraban en esta medida, pero se decía que a partir de diciembre iban a tener que rendir. Eso sería cerrarles una puerta más, cuando ya están en un sistema completamente cerrado", comenta.
"Tenemos muchas leyes, relacionadas con los discapacitados, que van contra las barreras del Gobierno. Y la Justicia va a ser muy cuidadosa al momento en que una persona con discapacidad requiera su auxilio. Ningún juez irá contra esas leyes, y ningún juez dará respaldo al despido discriminatorio de un discapacitado", culminó Nahuel Altieri.
