30 Diciembre de 2024 - 09:56
30 Diciembre de 2024 / Ciudadano News / Sociedad
El miércoles 18 de diciembre, la Legislatura de Jujuy aprobó mediante una sesión express el arancelamiento de la salud pública provincial, con lo cual la provincia norteña se convirtió en la primera en no tener atención gratuita en sus hospitales.
El proyecto de Seguro Provincial de Salud (SEPROSA) fue presentado por el Frente Cambia Jujuy, aliados del actual Gobierno nacional.
Se trata de un pago mensual obligatorio para quienes no tengan cobertura médica y no se encuentren en situación de indigencia que, según establece la normativa (Ley 6453), será exigido como parte de los requisitos para la realización de cualquier trámite de la administración pública provincial y municipal (como la habilitación de comercios, permisos de construcción, pago de multas, etcétera).
El seguro tendrá un valor de 50.000 pesos por cinco consultas médicas que afectará a la mitad de la población activa de la provincia, unas 280 mil personas.
Desde ese día, distintas organizaciones sociales se han sumado al rechazo y organizado acciones en defensa de la salud pública, denunciando la inconstitucionalidad de la medida y que la misma va contra tratados internacionales.
Por su parte, desde la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), concretaron un paro por 48 horas, el jueves 26 y viernes 27 de diciembre exigiendo mejoras salariales y en rechazo a la privatización de la salud pública. Por último, el jueves se creó el Foro Provincial en Defensa de la Salud Pública.
Una iniciativa que agrupa sindicatos, organizaciones sociales, agrupaciones políticas, conformaron el Foro provincial en Defensa de la Salud, y entregaron un petitorio el viernes 27 de diciembre en la sede del Poder Ejecutivo, exigiendo el veto gubernamental de la ley que creó el Seguro de Salud Provincial (SEPROSA), con unas 800 firmas. La nota, dirigida al gobernador provincial Carlos Sadir, perteneciente a Cambia Jujuy, ideólogo del proyecto, dice:
"Por la presente nos dirigimos a usted a los fines de darle a conocer el documento elaborado por el Foro Provincial en Defensa de la Salud Pública en rechazo al SEPROSA (Ley 6.453). Dicho documento es acompañado por 800 firmas de gremios, centrales sindicales, organismos de derechos humanos, unidades académicas, referentes de salud, organizaciones sociales y personalidades de la vida pública del ámbito provincial y nacional.
En tanto el acceso a la salud pública, gratuita y de calidad es un derecho inalienable de la ciudadanía y un deber indelegable de los Estados, y siendo esta facultad del Gobernador de la Provincia, solicitamos a usted el veto de la nombrada Ley", finaliza.
Además, desde el Foro Provincial en Defensa de la Salud Pública, siguen juntando adhesiones. Podés ingresar al formulario con el siguiente enlace.
Dentro del documento señalan que la medida "se enmarca en el Plan Estratégico de Salud que el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, comenzó a implementar en la provincia en el 2017 durante la Gestión de Gerardo Morales". Denuncian que ese plan privatizador «implicó en una primera etapa la desestructuración del sistema sanitario público, el desmantelamiento de la atención primaria de la salud, la tercerización de servicios con empresas privadas, la precarización y los bajos salarios de los y las trabajadoras del sector, profundizando la crisis de recursos humanos en esta área, para luego avanzar con el arancelamiento de la salud pública». Asimismo, otros sectores coinciden en que la antesala de este proyecto fue el arancelamiento de la salud pública para extranjeros no residentes.
Desde el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el Frente de Izquierda Unidad, presentaron el pasado viernes 27, un proyecto para la nulidad de la ley por "considerarla inconstitucional al vulnerar el derecho al acceso público y gratuito al sistema estatal de atención médica y sanitaria e imponer un arancel a quienes no tengan obra social o medicina prepaga". Estuvieron acompañados por el diputado nacional Alejandro Vilca (PTS).
Justamente su bloque fue el único que votó unificadamente en contra durante la sesión express mediante la cual se aprobó la privatización de la salud pública.
La senadora Carolina Moisés (Unión por la Patria) presentó un recurso de amparo y solicitó formalmente al gobernador Sadir que vete la ley 6.453. A pesar de que la ley fue aprobada con 7 votos del peronismo (con otros dos votos en contra y 3 ausencias del mismo bloque), la senadora sostuvo ante los medios que: "La salud no es un privilegio, es un derecho. Esta ley pone barreras económicas que condenan a miles de jujeños a la incertidumbre y al abandono sanitario".
El recurso de amparo solicita la suspensión inmediata de la aplicación de esta ley y su declaración de inconstitucionalidad.
Trabajadores de la salud del sistema público y privado, nucleados en la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), realizaron un paro por 48 horas en hospitales del territorio jujeño el pasado jueves 26 y viernes 27. El mismo tuvo un acatamiento del 90%. El paro se convocó contra la privatización del sistema de salud provincial y también por mejoras salariales.
Según explicó Rubén Camaño, secretario general de AMRA Jujuy, a los medios, la medida de fuerza responde a varios reclamos: la necesidad de una recomposición salarial, recategorización automática, pago de guardias extras y otros adicionales no remunerativos, así como la mejora de las jubilaciones.
Aseguró que los aumentos otorgados por el gobierno provincial en noviembre no son suficientes para cubrir las necesidades de los trabajadores del sector.
Desde Haciendo Otra Historia estarán juntando firmas hasta el 9 de enero para presentar contra la privatización de la salud pública en la provincia. Entienden que este proyecto es el "antecedente pionero para toda la Argentina". Por ello, el formulario es de alcance nacional. Para adherir, puede ingresar con el siguiente enlace.
Con información de elDiarioAr
