21 Mayo de 2025 - 14:45
21 Mayo de 2025 / Ciudadano News / Sociedad
La Ley de Memoria Democrática en España impulsó un renovado interés en la ciudadanía de ese país por parte de latinoamericanos con raíces ibéricas. Esta normativa permite que hijos, nietos e incluso bisnietos de ciudadanos españoles soliciten la nacionalidad, siempre que puedan demostrar el vínculo directo.
Si bien los requisitos son claros, contar con ciertos apellidos puede ser una ventaja. Tener un apellido común en España no otorga por sí solo la ciudadanía española, pero puede orientar la búsqueda genealógica y fortalecer el expediente familiar. El dato es relevante en coincidencia con las trabas que ha puesto Italia a los descendientes para lograr su ciudadanía.
Muchos aspirantes a la ciudadanía española han comenzado a buscar en sus árboles familiares apellidos de origen hispano. Entre los más comunes se destacan García, López, Rodríguez, Pérez y Sánchez. También figuran otros con fuerte arraigo regional como Suárez, Romero, Prieto, Ibarra o Echeverría. En expedientes ya aprobados por consulados, estos apellidos suelen repetirse, lo que refleja una coincidencia con registros migratorios históricos.
Aunque no existe una lista oficial que garantice el acceso a la ciudadanía española por llevar un determinado apellido, hay registros históricos, censos provinciales y bases de datos como el Instituto Nacional de Estadística (INE) que permiten confirmar el origen español de muchos apellidos. En este sentido, la coincidencia con un apellido frecuente en España puede servir como guía para armar el legajo familiar.
El trámite de ciudadanía española por descendencia debe iniciarse en el consulado correspondiente al país de residencia del solicitante. Allí se presenta toda la documentación que acredite el vínculo directo con el familiar español, sea padre, madre, abuelo o abuela. En caso de que los ascendientes hayan fallecido, se puede recurrir a archivos notariales, parroquiales y registros migratorios históricos.
Desde el Gobierno de España, se ha calificado a esta política como una reparación simbólica para aquellos descendientes de migrantes que se vieron obligados a abandonar su país por motivos políticos o económicos. El acceso a la ciudadanía española no solo fortalece los vínculos entre Europa y América Latina, sino que permite a miles de personas recuperar su historia familiar. El plazo para aplicar bajo la Ley de Memoria Democrática es de dos años desde su entrada en vigor, con posibilidades de prórroga.
Además de los consulados, existen múltiples portales especializados donde es posible investigar los orígenes familiares. El Portal de Archivos Españoles (PARES) y otras plataformas genealógicas permiten acceder a documentos que podrían ser clave para quienes buscan la ciudadanía española. Asociaciones de descendientes, federaciones de migrantes retornados y genealogistas también ofrecen asistencia.
