Nadie sabía de su existencia en los tribunales del Valle de Uco, excepto quienes caminan los pasillos de la Justicia. Pero el asesinato de la empresaria Norma Carletti lo colocó en el campo atencional de todo el mundo.
Se trata de Adrián Frick, un abogado que, de militar activa y callejeramente en Libres del Sur, pasó a las filas de la UCR de Tunuyán y de allí a ocupar la titularidad de la Fiscalía de Instrucción N° 2. Este último detalle es el de mayor ruido en el ambiente del fuero penal, porque cuando Frick se presentó a rendir para el cargo de ayudante fiscal de Tupungato, obtuvo el octavo lugar en las calificaciones de las evaluaciones que hizo el Poder Judicial de la provincia.
Desde allí y por vaya uno a saber por qué determinación o desconocido encuadre, asumió como fiscal de Tunuyán.
El homicidio de Carletti, por la forma violenta que tuvo y las repercusiones dentro y fuera de la provincia, también produjo un fuerte remezón en el Ministerio Publico Fiscal, porque ya se sabía que Frick debía asumir toda la investigación judicial.
Inmediatamente, el titular del organismo, Alejandro Gullé, designó a la experimentada fiscal Claudia Ríos para que acompañara a Frick. La cúpula del Ministerio Público Fiscal quería una investigación contundente y sin cabos sueltos, algo lógico teniendo en cuenta las profundas modificaciones que en fuero penal se vienen realizando, que han ubicado a la provincia en el excluyente plano jurídico del país.
En los tribunales del Valle de Uco hasta ahora no hay observaciones sobre la investigación en torno al resonante caso. Y las preocupaciones solo se aplacaron con la presencia de la fiscal Ríos.
Al transcurrir los primeros pasos de la investigación es el fiscal Javier Pascua quien toma la posta, y finalmente Carlos Torres. Allí fuentes confiables le expresaron a El Ciudadano que “al saber que el joven fiscal se hacía cargo de un caso tan complejo, a pesar que muchas cosas estaban a la vista daban por contado que el tema se complicaría”.
Las mismas fuentes nos decían “Frick fue visto hasta hace poco militando por las principales calles de ciudades cabeceras del Valle de Uco repartiendo panfletos de campaña. Como por ejemplo en la de las legislativas del año pasado, cuando acompañó al concejal Paulo González repartiendo boletas (ver foto), o la promoción de la boleta 302 junto al intendente de Tupungato, Gustavo Soto.
Toda una actividad, que al decir de los interlocutores que hablaron con El Ciudadano, no es prohibitiva de nadie. Por el contrario, es bueno militar en política. El tema, dicen, es que estamos hablando de un funcionario judicial y de cómo accedió a ese sitio tan importante en el fuero penal, como demuestran fotografías y documentación que respalda este informe especial.
La designación de Frick tiene cuestionadas injerencias políticas con dirigentes ligados tanto al gobernador Alfredo Cornejo como al actual senador Diego Costarelli.
Injerencias que se esconden detrás de acciones ajustadas a derecho que contiene la Ley 8008 del Ministerio Público Fiscal en su artículo 19 para la designación de fiscales y el nombramiento de los mismos cuando se producen vacancias.
Que aun así no justifican tamaña irregularidad que tuvo y tiene en vilo al fuero penal en el Valle de Uco por las causas que Frick tuvo en su corta estadía como fiscal. Los casos que tuvo en sus manos Frick
Nuestro diario comprobó que, entre cuestionadas actuaciones, “Adrián Frick procedió a imputar por homicidio culposo a Marcela Cuadrelli, Betiana Branti, Mario Méndez y un menor de 16 años, por encontrarlos responsables de la muerte del pequeño Bruno Díaz. El niño de cuatro años falleció por un paro cardiorrespiratorio cuando cayó a un natatorio de Tunuyán, hecho que cae en una calificación que tiene una pena de entre 5 meses a 6 años de prisión”.
Aquí, expresan algunas fuentes, la condena social fue determinante para que procediera de esta manera el joven fiscal. Una cuestión que es tomada en cuenta en algunos aspectos del caso Carletti, cuando Daniel Sosa Arditi, abogado defensor de Leonardo Hisa, el marido de la mujer asesinada, dijo, sin nombrar a Frick, que muchos detienen para investigar y otros investigan para detener. Un juego de palabras que pretendía reflejar una torpeza que se le endilgó por haber detenido a Alexander Gira por una publicación en Facebook.
Otra causa que estuvo en sus manos, y por la que también fue observado severamente, es el caso de la empleada municipal de Tunuyán que acusó a dos altos funcionarios de la administración del intendente justicialista Martín Aveiro de abuso sexual y acoso laboral.
Una denuncia que lleva tres años, donde la mujer ha tenido que soportar persecución y amenazas que están contenidas en los expedientes 526/18 56546/1, diligencia que inexplicablemente se encontraría planchada en el escritorio de Frick, quien hasta hace algunas horas fue fiscal en el fuero penal de Tunuyán.
Esgrimiendo la Ley 8008, dicen que Frick rindió para quedarse en ese cargo que muchos desconocían era interino. No pasó el examen como sucedió para ayudante fiscal en Tupungato, deja el lugar en quien la misma ley indique y atrás de él una estela política con mucha polémica que tendrá sus costos y de la que muchos deberían hacerse cargo.
Sobre todo pensando que la Justicia no debería ser conchabo de la militancia política.
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