SIN VERSO -Entrevista
El Congreso de la Nación desestimó con una mayoría contundente el veto del presidente Javier Milei y volvió a sancionar la ley de emergencia en discapacidad, en un hecho político de enorme trascendencia: hacía 22 años que el Parlamento no insistía con la aprobación de una norma vetada por el Poder Ejecutivo.
La ley reafirmada busca garantizar el financiamiento de las pensiones para personas con discapacidad y establece la actualización mensual de los aranceles de las prestaciones del sistema, uno de los sectores más golpeados por el ajuste fiscal enmarcado en la política del superávit.
Ahora, la gran incógnita es si el Gobierno cumplirá con la promulgación de la norma o si avanzará con la judicialización, tal como lo había anticipado en diferentes oportunidades.
En diálogo con Sin Verso (lunes a viernes, de 9 a 12, por FM 91.7 y Ciudadano_News en Twitch), el abogado constitucionalista Diego Armesto explicó que el procedimiento llevado adelante por los legisladores respeta la letra de la Constitución Nacional: "El artículo 83 es claro: el presidente puede vetar y, frente al veto, el Congreso tiene la facultad de insistir. Eso fue lo que pasó. Se cumplieron los pasos constitucionales: ambas cámaras ratificaron por mayoría de dos tercios. Ahora es ley y debe promulgarse", sostuvo Armesto.
El especialista advirtió que, en caso de que el Ejecutivo decidiera no aplicar la norma, podría configurarse un escenario de incumplimiento de deberes de funcionario público, lo que abriría la puerta a denuncias penales. Sin embargo, descartó la posibilidad de un conflicto institucional grave: "Creo que el presidente y su equipo son razonables y van a entender cómo funciona la república. Acá no hay un exceso de atribuciones. Cada poder ejerció lo que le corresponde", agregó.
El constitucionalista también puso sobre la mesa la discusión financiera: "El Ejecutivo podría cuestionar de dónde saldrán los fondos para financiar la ley, pero ahí también hay una contradicción, porque desde hace dos años no se aprueba un presupuesto. Es el propio Gobierno el que está incumpliendo la ley 24.753. No pueden escupir para arriba porque se terminan escupiendo un ojo", afirmó con crudeza.
El rechazo al veto presidencial no solo implica un triunfo político para los sectores que impulsaron la norma, sino que también constituye un precedente histórico en la relación de fuerzas entre el Congreso y la Casa Rosada. La última vez que el Parlamento insistió con una ley vetada había sido en 2003, durante la presidencia de Eduardo Duhalde.