Reclamo internacional
El conflicto legal que mantiene a la abogada argentina Agostina Páez retenida en Brasil ha escalado a un nivel de máxima tensión institucional. El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), liderado por Ricardo Gil Lavedra, se unió al reclamo del Colegio de Abogados de Santiago del Estero para exigir que la Cancillería argentina intervenga de forma inmediata y garantice la asistencia consular debida a la letrada.
Un proceso bajo la lupa internacional
La presentación formal, dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores, denuncia que Páez se encuentra sometida a un proceso penal en Río de Janeiro bajo condiciones que vulneran los estándares internacionales. Según las instituciones, la abogada enfrenta una detención "injusta y arbitraria" desde el pasado 14 de enero de 2026. Aunque está acusada de injuria racial y permanece con tobillera electrónica, los representantes legales argentinos sostienen que la situación ha excedido cualquier margen de razonabilidad.
El pedido conjunto hace hincapié en la necesidad de que el Consulado asegure el pleno resguardo de los derechos y garantías fundamentales, tales como el debido proceso y el derecho de defensa. "La desproporción procedimental supera cualquier ánimo de preservación de derechos", afirmaron desde la entidad santiagueña, donde reside la profesional.
El objetivo final de esta presión diplomática es lograr que se le permita a la abogada retornar a la Argentina de manera urgente, sin que esto impida la continuación de las actuaciones judiciales en territorio brasileño. El reclamo se ampara en la Convención de Viena, que obliga a los funcionarios diplomáticos a prestar la atención necesaria a los nacionales argentinos y sus intereses cuando sus derechos humanos se ven amenazados en el exterior.
