Un 20 de diciembre de hace 23 años, el país estallaba en lo que luego sería denominado el "Argentinazo", cuando decenas de miles de personas salieron a protestar por la desesperante situación económica que vivía el país al grito de "¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!".
Así, llegaba a su fin la segunda etapa neoliberal que vivió el país hasta entonces (la primera fue durante la dictadura 1976-1983), marcada por el régimen de Convertibilidad (un peso, un dólar), una tasa de desempleo que superaba el 20%, la destrucción del entramado social y productivo y el descrédito de una clase política jaqueada por resonantes casos de corrupción que emparentaron tanto a la presidencia de Carlos Menem (1989-1999) con la de Fernando de la Rúa (1999-2001).
Todo bajo un contexto de inflación cero, pero de deterioro inédito de las condiciones sociales, que tuvieron su correlato cuando la clase media, reticente a protestar, fue sorprendida por el "corralito" el 3 de diciembre, por el cual se restringió el retiro de depósitos de los bancos.
Estado de sitio
El 19 de diciembre del 2001, a las 19, el presidente Fernando de la Rúa, a través de una Cadena nacional, decretó el Estado de sitio. La implementación del llamado corralito por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, había exacerbado la crisis social.
El Estado de sitio no sólo no pudo evitar que miles de personas salieran a protestar, sino que las envalentonó. "Piquete y cacerola, la lucha es una sola", era uno de los cánticos que se escuchaba en la calle. La reacción por parte del Gobierno fue una represión que dejó un saldo trágico de 39 muertos, cientos de heridos y más de 4.000 detenidos a lo largo del país.
¿Cómo se llegó al estallido?
No se puede hablar de la crisis del 2001 ni de la caída del gobierno de Fernando de la Rúa sin tener en cuenta lo ocurrido durante la presidencia de Carlos Saúl Menem. A finales 1991, Cavallo promovió la Ley de la Convertibilidad, que significaba que un peso argentino era igual a un dólar estadounidense. La consecuencia de esta medida era que por cada peso que se emitiera desde el Banco Central debía haber un dólar que lo respaldara.
Estos dólares no salieron de la nada, sino que necesitaron de medidas neoliberales, como a privatización de la gran mayoría de las empresas del Estado y luego un fuerte endeundamiento externo, todo acompañado de un fuerte ajuste y la tutela del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Si bien, en un principio, parecía que las cosas mejoraban, a medida que fueron avanzando los '90 se notó que la mejora era superficial y la desocupación y la pobreza crecieron a niveles agigantados. El efecto "dólar barato" destrozó el entramado productivo y promovió fuertemente la importación de bienes terminados.
Eso llevó a que empiecen a aparecer distintos puntos de resistencia a lo largo del país, que, junto a numerosos y evidentes casos de corrupción del gobierno de Menem, promovió la victoria de la Alianza en las elecciones presidenciales de 1999, un frente que unía a la Unión Cívica Radical y el Frente País Solidario, Frepaso, conformado por peronistas enfrentados al menemismo. La fórmula que se impuso estaba conformada por Fernando de la Rúa y Carlos Chacho Álvarez.
De la Rúa se empeñó en mantener el esquema de Convertibilidad y propuso un plan de ajuste desarrollado, entre otros, por dos nombres que hoy son importantes en el gabinete de Javier Milei: Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger.
La actual ministra de Seguridad, en ese entonces ministra de Trabajo, promovió un recorte del 13% al salario de estatales y jubilados que cobraban más que la mínima. Medida que alcanzó al 16% del total de jubilados.
La Alianza dependía de la "ayuda" del FMI, que se fue agotando. Hubo medidas muy difundidas como el "Blindaje Financiero" (una serie de nuevos créditos) y el "Megacanje" (reprogramación de vencimientos con peores condiciones para el país).
El Megacanje fue una medida diseñada y promovida por Sturzenegger, parte de aquel equipo económico y actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Por el Megacanje, el funcionario estuvo procesado más de una década por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
Los acuerdos con el Fondo en el 2001 significaron un ajuste más profundo, reducción de salarios y una reestructuración de organismos públicos como la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Programa de Atención Médica Integral (PAMI).
También hubo un intento en recortar el presupuesto universitario cuando el economista radical Ricardo López Murphy asumió como ministro de Economía en reemplazo de José Luis Machinea. Ese intento no fue muy bien recibido por el pueblo y llevó a la renuncia de varios funcionarios del Gobierno. López Murphy debió dejar su puesto tan solo 13 días después de haber asumido.
El escándalo político, definido como "La Banelco", fue otro clavo en el cajón del gobierno de la Alianza. En abril del 2000, un senador peronista le confesó a una periodista del diario La Nación que había cobrado del Gobierno para votar en favor de una ley de "flexibilización laboral". El escándalo escaló a tal punto que el vicepresidente, Carlos Chacho Álvarez, renunció en octubre por diferencias insalvables con la Casa Rosada.
El estallido final
La elección de Domingo Cavallo para reemplazar a López Murphy fue el principio del fin. La gente se juntaba cada vez más en la calle. Hubo piquetes y movilizaciones en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y el país, donde se destacó el "Matanzazo", el corte de la Ruta 3, que duró varias semanas.
Todo en un contexto de crisis social sin precedentes en Argentina, donde el desempleo, la inseguridad, los clubes del trueque y la migración de cada vez más argentinos devolvía una imagen desconocida para un país que había sabido ser faro de movilidad social ascendente en la región.
La gota que colmó la paciencia fue la implementación del corralito. El 3 de diciembre del 2001, Cavallo estableció que durante 90 días solo se podrán retirar 250 pesos semanales, lo que significaba 1.000 pesos mensuales. A partir de ese momento, fue la clase media la que empezó a salir a las calles e ir a los bancos a intentar retirar sus ahorros. Nacieron los "cacerolazos".
"¡Qué se vayan todos!", era el grito que se escuchaba en las calles de Argentina el 19 y el 20 de diciembre del 2001. A miles de personas no les importó el Estado de sitio, declarado por Fernando de la Rúa, consecuencia de una crisis social y económica que se venía agudizando desde 1998, cuando comenzó la recesión que puso en jaque los postulados neoliberales.
La multitudinaria manifestación, acompañada de episodios de saqueos en diferentes puntos del país, con un epicentro en Avenida de Mayo, frente a la Casa Rosada, duró dos días y fue respondida con una represión que se llevó la vida de 39 personas.
El 19, cuando habían llegado a Plaza de Mayo, De la Rúa ordenó al ministro de Interior, Ramón Mestre, que se reprima a los manifestantes con gases lacrimógenos. La represión alcanzaría también a quienes pudieron replegarse al Congreso, donde se encontrarían las primeras víctimas.
Al día siguiente, De la Rúa, tras la renuncia de Cavallo y al ver que las manifestaciones no paraban y que la gente empezaba a pedir por su renuncia, ordenó que se despejara Plaza de Mayo. El comisario Ramón Santos, jefe de la Policía Federal, fue quien estuvo al mando y utilizó todos los medios disponibles para cumplir la orden, incluyendo la Caballería.
El 20 de diciembre a las 19, mientras la policía disparaba balas de plomo a los manifestantes, el presidente presentaba su renuncia y se iba en helicóptero. La crisis política continuó con cinco presidentes en una semana que derivó en la designación del senador Eduardo Duhalde como presidente interino de la Nación.
A 23 años del estallido, para numerosos analistas y observadores, Argentina vive la cuarta experiencia neoliberal (la tercera fue la que lideró Mauricio Macri entre el 2015 y el 2019). Lo cierto es que ese diciembre del 2001, significó la mayor crisis social, económica y política (en democracia), de la historia argentina.
Con información de Nota al Pie