16 Septiembre de 2025 - 20:30
16 Septiembre de 2025 / Ciudadano News / Salud
Una ley que se sancionó durante el gobierno de Alberto Fernández beneficia a los laboratorios e impide a un jubilado accionar contra el laboratorio Astra Zéneca y el Estado nacional por las graves secuelas sufridas por la colocación de la vacuna de esa empresa contra el COVID-19.
Se trata de de un jubilado mendocino que reclama la suma de $152 millones por: Daño físico y moral; Gastos médicos (daño emergente); Incapacidad permanente; Pérdida de oportunidades laborales y recreativas y Daño punitivo, como sanción ejemplar contra AstraZeneca.
La ley 27.573 habilia al Estado a realizar contratos confidenciales y exime a los fabricantes de vacuna de asumir responsabilidades legales por los efectos secundarios, de esa forma impide a los damnificados realizar acciones directas y en cambio acudir al Fondo de Reparación COVID-19, un mecanismo administrativo que ofrece compensaciones limitadas y solo en casos graves, científicamente comprobados pero nunca responde a los pedidos.
Según la demanda las secuelas le impiden realizar tareas cotidianas como operar maquinaria agrícola, practicar deportes o viajar. Sin ningún tipo de protección oficial el damnificado pudo costerarse el gasto de losexámenes y peritajes.
En la Argentina hay otros casos de consecuencias diversas, y, a pesar que AstraZéneca ha reconocido efectos secundarios graves como trombocitopenia trombótica inmune, sostiene que el beneficio de no haber padecido coronavirus es superior a las consecuencias.
