Una mujer presentó una demanda civil por abuso sexual contra el Arzobispado de Mendoza. Se trata de una causa de presunto abuso eclesiástico, que habría ocurrido hace más de 20 años, en una parroquia del distrito de Palmira, del departamento de San Martín, Mendoza.
El pedido de resarcimiento se enmarca en la Ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
"Es una demanda de violencia de género, contra el sacerdote católico y capellán auxiliar, y contra el Arzobispado de Mendoza, porque serían responsables directos del abuso sexual (con acceso) cometido contra una joven, de la zona Este de Mendoza", explicó en CNN Radio Mendoza el abogado de la víctima, Carlos Lombardi.
Detalló que "el reclamo es por una indemnización integral, que se presentó y recayó en el Juzgado de Gestión Judicial Asociada número 3, de Mendoza".
El delito
Según contó el querellante, luego de varios años la mujer se encontró con el presunto abusador en su lugar de trabajo, y el sacerdote habría comenzado a hostigarla nuevamente, "la habría perseguido o esperado fuera del colegio donde da clases, entre otras acciones de acoso".
Explicó que por obstáculos psicológicos y anímicos que tienen las víctimas de abuso sexual, demoró e incluso no presentó la demanda penal y sí accedió "a un reclamo por daños y perjuicios", contra el sacerdote.
Contó, además, que la víctima tuvo su primer acercamiento a través de Facebook, con una consulta en la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina. "A partir de la consulta se la contactó personalmente y comenzó el proceso en el que se le explicó cuáles eran los pasos legales que podía dar, con el acompañamiento terapéutico respectivo, en el lugar de residencia".
Proceso legal
El proceso legal implica, en primer lugar, una medida de protección hacia la denunciante y luego una demanda por daños, "reclamando una indemnización integral. Es decir, la reparación de todos los daños ocasionados a la señora, por el sacerdote en persona, y de modo también directo por el Arzobispado, por ser la institución a la que pertenece el sacerdote, y que debió controlarlo al mismo", puntualizó el jurista.
En tanto, desde el Arzobispado reconocen la medida de restricción pero aseguran que hasta el momento no han recibido la notificación de la demanda y que tampoco el sacerdote en cuestión ha sido notificado. / Cobertura Rebeca Rodríguez Viñolo