6 Enero de 2026 - 14:05
6 Enero de 2026 / Ciudadano News / Política
En una entrevista brindada al programa Sin Verso, por Ciudadano News, el abogado y exlegislador Yamil Santoro se refirió a la reciente solicitud del fiscal federal Carlos Stornelli para detener y extraditar a Nicolás Maduro. Santoro destacó que este avance judicial representa un gesto de política internacional fundamental que trasciende cualquier análisis de intereses económicos o estratégicos en la región.
Durante el diálogo, Santoro contrastó la aproximación jurídica de Argentina con la de Estados Unidos. Explicó que, mientras el país norteamericano suele utilizar la narrativa del narcoterrorismo y el "Cartel de los Soles" para evitar someterse a reglas de organismos multilaterales, Argentina se apoya en su tradición legal de derechos humanos.
Según el abogado, "el dictamen del fiscal refuerza esta idea de que más allá de cualquier lectura geopolítica o de intereses de petróleo o lo que fuera, hay una cuestión de fondo subyacente que es acá hubo una violación grosera, masiva de derechos humanos". Asimismo, resaltó que la medida "refuerza una posición que Argentina ha tenido históricamente, que es esta idea de la jurisdicción universal para los delitos de lesa humanidad".
Respecto al futuro de la causa, el entrevistado señaló que ahora el juez debe decidir si adhiere al planteo de la fiscalía, en un contexto donde los próximos meses serán "para nada calmos" debido a la intervención de actores como China y Rusia.
Santoro planteó un escenario estratégico para Estados Unidos: "Imagínate que ante el planteo de China de liberar a Maduro, Estados Unidos podría decir: 'Dale, te lo libero, lo mando para Argentina'. Y bajan las tensiones ahí". De esta manera, la presión internacional se desplazaría hacia el pedido de la justicia argentina.
Para finalizar, el director de la Fundación Apolo subrayó que este pedido judicial pone de manifiesto que la principal responsabilidad de los crímenes recae sobre la figura de Maduro. La resolución que tome el juez en los próximos días será clave para determinar si el país avanza en su compromiso contra la impunidad de los delitos de lesa humanidad.
