CONGRESO
El oficialismo llega a la Cámara alta con la confianza de sellar un acuerdo político que trasciende lo ambiental. La reforma de la Ley de Glaciares se presenta como una devolución de favores hacia las provincias que integran la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre, entre las que se cuentan Catamarca, Jujuy, Mendoza, Salta y San Juan; cuyos legisladores fueron piezas clave para el avance de la Reforma Laboral. La Casa Rosada argumenta que están en juego inversiones mineras monumentales que requieren una flexibilización de los estándares actuales.
El conflicto por las áreas periglaciares y el control provincial
El núcleo de la disputa radica en la distinción técnica entre áreas periglaciares y geoformas periglaciales. El nuevo proyecto otorga a las autoridades locales la potestad de determinar, mediante estudios de impacto ambiental, qué zonas integrarán el Inventario Nacional de Glaciares (ING) como reservas estratégicas. Esta descentralización del control es vista por la oposición y sectores científicos, como el IANIGLA, como una amenaza a la seguridad hídrica, ya que permitiría la explotación minera en zonas hoy protegidas.
Mientras Patricia Bullrich opera para asegurar los votos de senadores peronistas como Sergio Uñac y Lucía Corpacci, la UCR mantiene una grieta interna. El bloque radical, presionado por conflictos interprovinciales como el del río Atuel, exige que el Estado Nacional mantenga un rol de mediador cuando la actividad minera en una provincia afecte los recursos de otra. Con una producción minera que subió un 3,3% interanual en 2025, pero con una caída en el empleo del sector, el debate parlamentario oscila entre la urgencia recaudatoria y la preservación de las reservas de agua dulce más importantes del país.