19 Diciembre de 2024 - 17:30
19 Diciembre de 2024 / Ciudadano News / Política
La vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, expresó su descontento ante la autorización del Gobierno para que el gendarme argentino Nahuel Gallo viajara a Venezuela, donde permanece detenido desde el pasado 8 de diciembre. A través de la red social X, Villarruel manifestó: "Jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela. Lo que está ocurriendo es la consecuencia tristemente obvia, pero como no soy del área de Seguridad no opino de las sanciones y acciones que se debieran tomar. Saludos.". Sin embargo, el posteo fue eliminado de su cuenta.
Este comentario no solo reflejó su desacuerdo con la decisión tomada por la Casa Rosada, sino que también se interpretó como una crítica directa a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al enfoque general del gobierno liderado por Javier Milei en temas de defensa y seguridad.
La postura de Villarruel no sorprende en el contexto de una relación cargada de tensiones con el Ejecutivo. Desde que asumió como presidenta del Senado, la abogada y dirigente de La Libertad Avanza ha buscado mayor protagonismo en áreas clave como Seguridad y Defensa, temas que fueron centrales durante su campaña electoral en 2023.
Sin embargo, el presidente Milei optó por relegarla a un rol más institucional, asignando las carteras de Seguridad a Patricia Bullrich y de Defensa a Luis Petri, lo que generó fricciones internas en el oficialismo. Según fuentes cercanas a Villarruel, la vicepresidenta considera que sus conocimientos y experiencia en estas áreas están siendo subutilizados.
El eje del conflicto se centra en la detención de Nahuel Gallo, miembro de la Gendarmería Nacional, quien fue arrestado en Caracas por el régimen de Nicolás Maduro. Las autoridades venezolanas lo acusan de espionaje a favor del Gobierno argentino, un cargo que hasta el momento no ha sido respaldado con pruebas contundentes.
Desde su detención, Gallo ha permanecido incomunicado, lo que ha despertado preocupación no solo en Argentina, sino también en organizaciones internacionales de derechos humanos. En este contexto, la decisión del Gobierno de autorizar su viaje a un país considerado hostil ha sido ampliamente cuestionada, tanto por sectores políticos como por la sociedad civil.
