23 Julio de 2025 - 18:37
23 Julio de 2025 / Ciudadano News / Política
La vicepresidenta Victoria Villarruel oficializó el cierre permanente del jardín maternal que funcionaba en el Senado, tras haber suspendido su actividad en octubre pasado por graves irregularidades edilicias que ponían en riesgo a los menores y al personal.
Se trata del establecimiento que había sido inaugurado en 2015 durante la gestión del entonces vicepresidente Amado Boudou, como parte de un programa de beneficios para trabajadores legislativos.
La decisión fue publicada mediante el decreto 401/25, donde se explica que la Dirección de Obras y Mantenimiento del Senado evaluó diversas alternativas para refaccionar el edificio. Sin embargo, el informe concluyó que las condiciones de base del inmueble impedían su readecuación, por lo que se resolvió devolver el edificio a la Dirección de Ayuda Social (DAS) del Congreso.
Además, por medio del decreto 394/25, se estableció la donación de los bienes del jardín —mobiliario y equipamiento— a otro establecimiento educativo similar, a partir de un pedido conjunto de la Asociación del Personal Legislativo (APL) y de la Dirección de Recursos Humanos de Diputados.
En octubre de 2024, Villarruel había ordenado la suspensión temporal del jardín, luego de recibir un informe técnico elaborado por la Dirección de Obras y Mantenimiento del Senado y respaldado por actas de inspección de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno porteño.
Entre los incumplimientos detectados se destacaban:
En ese contexto, se les concedió una licencia especial a los 72 padres cuyos hijos asistían al jardín, con vigencia hasta el 31 de diciembre de este año.
Otro dato relevante es que en diciembre de 2023, antes de dejar su cargo, la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner eliminó la normativa que respaldaba presupuestariamente al jardín desde la Dirección de Ayuda Social. A partir de entonces, el financiamiento total del establecimiento pasó a depender directamente del presupuesto del Senado.
La resolución de Villarruel pone punto final a una política institucional iniciada en 2015 y que, según se desprende de los informes técnicos, no logró cumplir con los estándares mínimos de seguridad para su continuidad.
