Reforma exprés
En una decisión que sacudió al sector vitivinícola argentino, el Gobierno nacional decidió desmantelar parte del histórico rol del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que desde hace décadas controla la calidad del vino argentino, desde la viña hasta la góndola. A partir del decreto 462/2025, publicado en el Boletín Oficial, el INV dejará de ser un organismo autónomo y pasará a ser una unidad dentro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
La sede central del instituto está en Mendoza, donde la noticia generó sorpresa y preocupación, aunque hasta el momento su titular, Carlos Tizio, mantiene hermetismo absoluto.
¿Qué cambia con la reforma de INV?
Según explicó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el INV ya no realizará controles obligatorios sobre propiedad de viñedos, cosecha, elaboración, fraccionamiento ni transporte del vino. Su tarea quedará acotada a verificar que los productos en góndola sean aptos para el consumo y no estén adulterados. Esos controles incluso podrían ser realizados por entidades privadas, si el productor así lo desea.
"Sacamos al INV de la función de producción para concentrarlo en el control del producto final, que es lo que realmente importa", aseguró Sturzenegger en su cuenta de X.
Otro cambio fuerte es que las certificaciones de origen, añada y varietal pasarán a ser optativas. Los productores podrán solicitarlas —si lo desean— al INV o a instituciones privadas. Para exportar, sin embargo, las certificaciones del INV seguirán siendo válidas, siempre que el país de destino lo exija.
El gobierno justifica el cambio; la industria, en alerta
Sturzenegger justificó la reforma apuntando a una vieja modificación de la ley del vino hecha durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que según él sobredimensionó las atribuciones del instituto. "La catástrofe fue el artículo 24bis de la Ley 14.878, que permitió al INV controlar cualquier cosa", sostuvo.
También argumentó que este nuevo esquema "obligará al ente regulador a actuar con más eficiencia", al competir con el sector privado en la emisión de certificados. El funcionario citó el caso de Luján de Cuyo, donde algunas certificaciones de origen ya las emiten entidades privadas o consejos reguladores zonales.
"A un vino de menor calidad tal vez le alcanza con decir 'Mendoza', sin necesidad de hacer un trámite engorroso en el INV", ejemplificó.
Según Sturzenegger, se trató de un pedido compartido por actores de toda la industria vitivinícola, incluido el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, quien además pidió que se conserve el nombre del instituto.
Milei sin superpoderes: una motosierra a contrarreloj
El recorte al INV se dio en las últimas horas antes de que vencieran las facultades delegadas que tenía el Ejecutivo. Esas atribuciones habían sido aprobadas en la Ley Bases y le permitían al Presidente legislar por decreto en áreas específicas como economía, administración pública y energía.
Desde el oficialismo relativizaron el impacto de perder esas facultades especiales. Sin embargo, en estos últimos días el Gobierno apuró varias reformas, entre ellas la intervención en el INV, aprovechando esa ventana legislativa.