29 Enero de 2026 - 08:12
29 Enero de 2026 / Ciudadano News / Política
La imputación por las presuntas violaciones ocurridas en la Legislatura bonaerense ha provocado una onda expansiva que, extrañamente, no parece conmover las estructuras del poder político en La Plata.
En el inicio de 2026, la confirmación de cargos contra empleados de la Cámara Alta provincial, supuestamente involucrados en la captación de víctimas para la secta 'La Orden de la Luz', pone de relieve no solo la gravedad de los delitos cometidos, sino la alarmante inacción de las autoridades responsables del personal legislativo.
La investigación liderada por la Justicia platense ha sacado a la luz detalles que superan cualquier ficción.
Los acusados, Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, utilizaban sus cargos en la planta permanente del Senado para someter a jóvenes bajo un esquema de "perfección espiritual" que terminaba en vejaciones físicas.
Según el expediente, las agresiones ocurrieron en oficinas estatales, lo que agrava la responsabilidad institucional.
Una de las denunciantes, rompiendo el cerco del miedo, manifestó ante los peritos judiciales que "las autoridades sabían que algo pasaba en esas oficinas y nadie se acercó a preguntar si necesitábamos ayuda".
Por su parte, otra joven víctima detalló el rol de los imputados al señalar con crudeza: "Él se presentaba como un ser superior y ella era quien nos entregaba, usando la estructura del Senado como un escudo de impunidad".
La pregunta que domina la escena política es por qué la presidenta del Senado, Verónica Magario, ha mantenido un hermetismo absoluto sobre el caso.
Como máxima autoridad del cuerpo, su responsabilidad en el control de las áreas donde operaba esta red es ineludible. ¿O quizás sus topos informantes la alertaron del caso y prefirió dejar que las cosas sucedieran? ¿Comodidad o complicidad?
Sin embargo, el silencio no es solo oficial; los bloques parlamentarios han evitado emitir declaraciones conjuntas de repudio, priorizando el control de daños por sobre la ética pública. Ni los legisladores del PRO, ni los libertarios, los radicales, los peronistas o los de la izquierda -cuando éstos salen a la calle a romper todo por cualquier cosa que no les guste- abrieron la boca en este caso lamentable ni en otros recientes, como el de Chocolate Rigau.
Este vacío se extiende a los colectivos y las denominadas "sororas" de la política y otras entidades feministas, que suelen ser rápidas en la condena ante otros casos, pero que en este sórdido asunto han optado por el silencio.
Esto mismo pasó en el caso de las agresiones comprobadas por la Justicia del expresidente Alberto Fernández contra su expareja, Fabiola Yáñez.
"Nos sentimos solas frente a un monstruo político que no quiere que la verdad salga a la luz", afirman en el entorno de las víctimas.
Es que la falta de acompañamiento institucional a quienes sufrieron estos abusos dentro del Palacio Legislativo deja una herida abierta en la credibilidad del discurso de género del oficialismo bonaerense y de organizaciones feministas muy conocidas.
En este punto cabe preguntarse si lo hacen por tener memoria selectiva o por complicidad política, que en este caso viene a ser lo mismo.
