Paralización de obra pública
El Gobierno de la provincia de Río Negro presentó una demanda colectiva contra el Estado nacional y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) por el grave estado de abandono de la Ruta nacional 151, que recorre 150 kilómetros clave entre Cipolletti y el límite con La Pampa. La acción judicial, impulsada también por la Defensoría del Pueblo, intendentes de localidades afectadas y cámaras empresariales, denuncia la inacción del Gobierno nacional y exige medidas inmediatas para garantizar la seguridad de miles de personas que transitan a diario por esa vía.
La presentación fue realizada ante el Juzgado Federal de General Roca, que ya dio curso a la causa y pidió al Estado nacional un informe detallado sobre los motivos del abandono, con un plazo de once días para responder. Además, se requirió a Vialidad que se expida en cinco días sobre las medidas cautelares solicitadas, que incluyen tareas urgentes como bacheo provisorio, señalización adecuada y campañas de prevención de accidentes.
La paralización de la obra pública nacional, decidida por el Gobierno libertario, es un foco de conflicto con los gobernadores, que exigen obras para mantener rutas clave.
"Integridad física y la seguridad vial"
El amparo colectivo se basa en la defensa de derechos fundamentales como la vida, la salud, la integridad física y la seguridad vial. En el escrito, las autoridades provinciales advierten que el estado deplorable de la Ruta 151 compromete servicios esenciales: desde los traslados sanitarios, que ya suman más de 576 en lo que va de 2025, hasta el acceso a la educación, que involucra diariamente a más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas.
También se señala un grave impacto económico, especialmente en sectores productivos estratégicos para la región y el país, como la fruticultura, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera. Esta última representa 72% de la producción nacional de petróleo y el 42% del gas, según detallaron los demandantes.
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La demanda también pone el foco en la desfinanciación del sistema vial nacional. Denuncia que el Estado ha incumplido su obligación legal de asignar el 28,58% del Impuesto a los Combustibles al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte. "A pesar de existir fondos específicos, estos han sido desviados, dejando a rutas estratégicas como la 151 en un estado calamitoso", sostiene el escrito.
El reclamo judicial invoca normas de peso: artículos de la Constitución Nacional, pactos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el Pacto de San José de Costa Rica, así como leyes nacionales como la Ley de Amparo (16.986) y la Ley de Tránsito (24.449). También se apoya en jurisprudencia que reconoce la responsabilidad del Estado ante omisiones graves en la provisión de servicios esenciales.
La acción fue encabezada por el gobernador Alberto Weretilneck, acompañado por el fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, y su adjunto, Luciano Minetti Kern. También firmaron la demanda la defensora del Pueblo, Adriana Santagati; los intendentes Rodrigo Buteler (Cipolletti), Daniela Salzotto (Catriel), Enrique Rossi (Cinco Saltos), Horacio Zuñiga (Contralmirante Cordero) y Daniel Hernández (Campo Grande); y los representantes de las cámaras empresariales José Bunter, Federico Paolo y Ramiro Arceo.
Desde el gobierno rionegrino no descartan que esta acción judicial siente un precedente que habilite a otras provincias a reclamar ante la Justicia por el abandono de obras públicas bajo competencia nacional. "Es una obligación del Estado Nacional garantizar rutas seguras. No se trata de un reclamo político, sino de un acto de responsabilidad institucional frente al deterioro estructural de una vía clave para la región", remarcaron voceros oficiales.