Patricia Bullrich brindó en las últimas horas precisiones determinantes sobre los detalles técnicos de la inminente reforma laboral, confirmando que el Gobierno avanza con firmeza hacia una profunda modernización de las leyes de contrato de trabajo. En declaraciones recientes, la ministra destacó que el foco principal de la normativa está puesto en destrabar el mercado laboral para permitir que, fundamentalmente, las pequeñas y medianas empresas pierdan el "miedo a contratar" y se dinamice la economía formal.
Adiós a la "industria del juicio"
El punto más fuerte y esperado del proyecto es la modificación radical en el esquema de sanciones. Según explicó Bullrich, la iniciativa busca eliminar las multas por trabajo no registrado o deficientemente registrado, las cuales hoy en día suelen multiplicar exponencialmente los costos de un despido debido a los intereses acumulados. Esta situación, descrita a menudo como la "industria del juicio", ha llevado a muchas PYMEs a la quiebra tras un solo litigio. "Queremos un sistema limpio donde contratar no sea un riesgo de vida o muerte para una empresa", aseguró la funcionaria.
Asimismo, la reforma contempla la extensión del período de prueba, que pasaría de los actuales tres meses a ocho meses, otorgando mayor flexibilidad tanto al empleador como al empleado para evaluar la relación laboral sin cargas indemnizatorias inmediatas. Otro aspecto clave mencionado es la desindexación de los intereses en los juicios laborales, una medida solicitada largamente por el sector privado para dar previsibilidad económica y evitar que las deudas se tornen impagables por la inflación. Con estos cambios estructurales, el oficialismo apuesta a generar un shock de confianza que revierta años de estancamiento en la creación de empleo privado.