Gobierno
El presidente Javier Milei concretó este 11 de diciembre de 2025 el envío de su reforma laboral al Senado, una jugada política que esconde un golpe financiero sin precedentes para el sindicalismo.
Lo que derivó en el anuncio de protestas, paros y movilizaciones de parte de la Confederación General del Trabajo para las próximas semanas.
Aunque en la superficie el Gobierno pareció ceder al no prohibir explícitamente las cuotas solidarias —un reclamo histórico para descomprimir la tensión—, la letra chica del proyecto desmantela la maquinaria de recaudación automática de los gremios.
El fin del "débito automático" sindical
El nudo del conflicto radica en un cambio operativo drástico: las empresas privadas ya no estarán obligadas a actuar como agentes de retención de las cuotas sindicales.
Esto significa que el dinero no irá directo del sueldo a la cuenta del gremio; ahora, los sindicatos deberán gestionar el cobro por sus propios medios y, crucialmente, necesitarán el consentimiento expreso y por escrito de cada trabajador para cualquier deducción.
Esta medida se suma al recorte previo en los subsidios a las obras sociales sindicales, donde los fondos para entidades con menos de 5.000 afiliados se desplomaron de 24 millones a 2,5 millones de pesos.
La combinación de ambas políticas amenaza con desfinanciar las estructuras gremiales tradicionales, obligándolas a una logística de cobranza "puerta a puerta" que promete licuar sus ingresos reales.
El proyecto, que se debatirá en extraordinarias hasta el 30 de diciembre, también ataca otros frentes de poder: promueve la negociación por empresa en lugar de por rama y pone fin a la ultraactividad, eliminando la vigencia eterna de los convenios viejos.
Pese a la supuesta concesión inicial, la conducción de la CGT confirmó su rechazo total y ratificó la marcha de protesta, entendiendo que la reforma busca, en última instancia, vaciar de poder y recursos a las organizaciones de los trabajadores.