La controvertida reforma laboral ha ingresado directamente al senado de la Nación, encendiendo el debate legislativo. Un especialista del derecho confirma que esta vía es legal, desestimando la crítica de la oposición, ya que la Constitución permite su tratamiento en cualquiera de las cámaras.
El proyecto, similar al suspendido DNU 70/2023, busca modernizar la Ley de Contrato de Trabajo de 1976. Entre sus puntos más disruptivos destaca la digitalización de legajos y certificaciones de servicio, eliminando la obligatoriedad del papel y adaptando procesos al siglo XXI.
Otro cambio clave, por citar algunos, es la mayor flexibilidad para segmentar las vacaciones por acuerdo mutuo entre empleador y trabajador. Si bien se presenta como una actualización necesaria, este punto genera preocupación por el riesgo de posibles abusos ante el desigual poder de negociación de las partes. El Congreso es ahora el escenario natural para discutir esta modernización y sus posibles efectos.
